La Congregación religiosa de Bétharram ha anunciado que indemnizará a todas las víctimas de las agresiones y de los abusos sexuales acontecidos en el colegio bearnés, donde estudiaban alumnos vascos. Hay más de 200 denuncias, la mayoría prescritas.

La orden franco-italiana reconoció en marzo su responsabilidad por ocurrido y confirmó su colaboración con el Instituto Francófono para la Justicia y la Democracia (IFJD).

La directora de esta organización, Magalie Besse, ha explicado a AFP que «hemos estado debatiendo el principio de ampliar el mandato otorgado a la Comisión de Reconocimiento y Reparación (CRR, creada por la Iglesia Católica en 2021) y las conversaciones se han intensificado dada la urgencia».

«El hecho de que algunas víctimas ya hayan sido indemnizadas por la CRR y otras no se considera una injusticia», ha añadido, refiriéndose a las tensiones vividas entre los diferentes grupos de víctimas en los últimos meses.

Para finales de año, la Congregación de los Padres de Betharram debe articular un fondo con el que sufragó las primeras indemnizaciones. La CRR ha definido un sistema para evaluar la gravedad y el impacto de la violencia sexual. La indemnización asciende en promedio a 34.000 euros, con un límite máximo de 60.000 euros.

Besse ha indicado que, aunque «la idea de un límite todavía es muy impopular entre las víctimas, es mucho más que una reparación legal».

Hasta la fecha, la congregación ya ha pagado 900.000 euros a las víctimas. Y una auditoría, aún en curso, ha valorado los bienes inmuebles de la congregación en 5 millones de euros, suponiendo que «los activos sean realmente vendibles», ha apuntado la responsable de IFJD, que advierte de una «preocupación financiera».

Cabe señalar que las víctimas de violencia física no recibirán indemnización del CRR. Y la comisión de investigación independiente, dirigida por la IFJD, aún no ha desarrollado un mecanismo para calcular su indemnización, «que inevitablemente se determinará más adelante», según la directora.

Las más de 200 denuncias presentadas se dirigen contra quince sacerdotes, casi todos fallecidos, y cuatro laicos que trabajaron desde mediados de 1957 hasta 2004. Solo dos no han prescrito y han dado lugar a la acusación de un exsupervisor de Betharram por violación y agresión sexual.