NAIZ

Aplazado el desahucio de una mujer en Burlata tras una concentración y retirarse la demanda

El desahucio de una mujer de una vivienda de alquiler social en Burlata previsto para este jueves ha quedado paralizado tras una concentración seguida de la retirada de la demanda por parte de la propiedad.

Dispositivo policial durante la concentración contra el desahucio de Burlata, que finalmente ha sido aplazado.
Dispositivo policial durante la concentración contra el desahucio de Burlata, que finalmente ha sido aplazado. (Jagoba MANTEROLA | FOKU)

Según han informado los colectivos sociales Kontseilu Sozialista y Etxebizitza Sindikatua, este jueves ha sido aplazado el desahucio de una mujer en Burlata tras una concentración y la retirada de la demanda por parte de la propiedad.

El desahucio estaba previsto para las 10.00, promovido por la sociedad inmobiliaria Building Center, participada por CaixaBank, según la citada fuente, que añade que la afectada, que residía en el inmueble desde hace más de dos décadas, tenía fijada para este jueves la fecha de lanzamiento en un procedimiento iniciado hace apenas dos meses y que, denuncian, «se tramitó sin celebración de juicio».

Desde primera hora de la mañana, decenas de personas se han concentrado frente al portal del edificio para impedir la ejecución del desahucio.

La movilización se ha producido tras varios días de denuncia pública de la situación por parte del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, que ha señalado que la presión social ha sido determinante para que la propiedad desistiera del procedimiento.

Según este colectivo, la mujer accedió a la vivienda hace 21 años, primero en régimen de alquiler y posteriormente mediante la compra del piso con una hipoteca concedida por Banco de Valencia.

Primer proceso en 2012

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la familia no pudo hacer frente a los pagos y se inició un primer proceso de desahucio, que fue suspendido en 2012 tras una movilización vecinal.

Ese mismo año, CaixaBank adquirió Banco de Valencia, pasando a ser titular de la vivienda. En 2015, la entidad firmó con la afectada un contrato de alquiler social.

Sin embargo, en el verano de 2024 se modificó el sistema de pago, lo que, según el sindicato, generó incidencias que derivaron en impagos, a lo que se sumó la retirada de una subvención vinculada al alquiler social.

Los colectivos denuncian además que no se aplicaron medidas de suspensión previstas en la legislación vigente, pese a existir un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales.

Este intento de desahucio es el tercero registrado en un radio de unos 200 metros en Burlata en lo que va de año, según el Sindicato Socialista de Vivienda, que recuerda que en enero se logró frenar otro lanzamiento, mientras que un tercero, ejecutado en octubre, afectó a una familia con menores.

Tras la retirada de la demanda, el desahucio queda paralizado por el momento, aunque los colectivos han señalado que permanecerán atentos ante posibles nuevas convocatorias.