«Caso De Miguel», una espera de diez años que finalizará este martes

En diciembre de 2009 la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que el entonces diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, el jeltzale Alfredo de Miguel, le exigía una comisión de 100.000 euros para lograr un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Araba, situado en Miñao. Cuatro meses después, en marzo de 2010, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz, el juez Roberto Ramos, ordenó la detención de ocho personas, entre ellas el propio De Miguel, acusadas de «cohecho», «tráfico de influencias» y «blanqueo de capitales».

La noticia calló como una bomba sobre la Diputación, gobernada entonces por Xabier Agirre, y sobre el Araba Buru Batzar, que estaba en manos de Iñaki Gerenabarrena. Este se apresuró a desvincular al PNV de lo ocurrido, al igual que han hecho durante los últimos diez años Iñigo Urkullu y Joseba Egibar, que no tuvo reparos en recibir con un abrazo a De Miguel cuando este fue a declarar a la comisión de investigación creada en el Parlamento autonómico. Una comisión que, con el voto en contra de los parlamentarios del PNV, aprobó en 2012 un dictamen en el que se atribuyen responsabilidades políticas excargos jeltzales. 

El PNV se ha empeñado en quitar hierro a lo ocurrido, y en 2018 el lehendakari afimó que si se demuestra la existencia de una trama de corrupción para el cobro de comisiones ilegales, se trataría de «un caso aislado». No obstante el fiscal, Josu Izaguirre, afirmó durante el juicio que Alfredo de Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, los tres exburukides implicados en el «caso De Miguel», diseñaron una «especie de coladero» financiado con comisiones y adjudicaciones irregulares para «nutrir las arcas de los tres matrimonios y darle empleo a compañeros de partido», en alusión al PNV, el «nexo común» de buena parte de los 26 imputados, que el martes conocerán la sentencia de la Audiencia Provincial de Araba.

La magistrada Elena Cabero leerá el fallo en vista pública, seguida por los medios de comunicación desde una sala habilitada en el último piso del Palacio de Justicia de Gasteiz, donde los periodistas han escuchado con atención durante los doce meses que ha durado el juicio, de enero a diciembre de 2018, los testimonios de los testigos y de los acusados. Dos han sido los más relevantes. El de Alberdi, que describió reuniones en el propio despacho oficial del diputado foral y en instalaciones del Parque Tecnológico, y correos electrónicos enviados desde la cuenta institucional de Alfredo de Miguel con la exigencia de 100.000 euros. Y el Josu Arruti, quien admitió que él y De Miguel cobraron 322.000 euros en comisiones ilegales.

Se da por hecho que Arruti es uno de los acusados que aceptó el acuerdo propuesto por la Fiscalía, que rebajó las penas algunos de los acusados a cambio de reconocer los delitos. Incluso podría evitar la cárcel, ya que se enfrenta a una petición de un año y nuevo meses de prisión. Nada que ver con los 19 años de prisión que solicitaba para él el ministerio público cuando comenzó el juicio. La rebaja de penas también beneficia a De Miguel (de los 54 años iniciales a 29 años y nueve meses), y a Telleria y Ochandiano (de 32 años y dos mese a 13 años y siete meses de prisión). Dentro de dos días se conocerá la decisión del tribunal.