El fiscal, Josu Izaguirre, advirtió ayer de que Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga fueron creadas «ex profeso para la comisión de delitos». Según explicó ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Araba, Alfredo de Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, los tres exburukides implicados en el «caso De Miguel», diseñaron una «especie de coladero» financiado con comisiones y adjudicaciones irregulares para «nutrir las arcas de los tres matrimonios y darle empleo a compañeros de partido», en alusión al PNV, el «nexo común» de buena parte de los 26 imputados.

Izaguirre, que necesitó dos días para presentar su informe de conclusiones finales, destacó que los cuadernos hallados en casa de Ochandiano evidencian la existencia de un «plan preconcebido y estructurado para cometer delitos». «En la historia de la delincuencia organizada hay un contable que escribe más de la cuenta. Le paso a Al Capone, le paso a los de la Gürtel, y aquí también ha pasado», manifestó antes de explicar que Ochandiano era el «cerebro económico» de este «entramado delictivo», destapado gracias a la denuncia presentada por Ainhoa Alberdi, una empresaria a la que De Miguel reclamó el pago de una comisión de 100.000 euros por participar en la ampliación del Parque Tecnológico de Araba, situado en Miñao.

Alberdi aportó correos electrónicos y grabaciones que dieron pie a una investigación que analizó el proceder de Kataia Consulting «y de ahí hemos llegado al fondo». «Kataia es una sociedad que nació con pecado», indicó el representante del Ministerio Público, que incidió en que esta sociedad, administrada por las esposas de De Miguel, Telleria y Ochandiano, se creó para poder participar en la construcción de un polígono industrial en el municipio de Zambrana. Un proyecto fallido que reportó a la sociedad unos ingresos de 130.000 euros.

A esta cantidad se debe sumar el dinero ingresado gracias a la adjudicación de varios contratos por parte del Departamento de Cultura del Gobierno de Gasteiz, concretamente por la Dirección de Juventud, encabezada en aquel entonces por Xabier Sánchez Robles, otro de los imputados. Estas fueron las únicas fuentes de financiación de una empresa que, pese a «permanecer inactiva», daba trabajo a tres personas, entre ellas la suegra de De Miguel.

Cabe señalar que el asistente de Izaguirre reconoció ayer que la Fiscalía debía haber llevado a juicio a Pilar Lasa, que recibió 34.000 euros por cuidar de los nietos. «No era el momento en las conclusiones de traer nuevos participes. No podíamos solicitar nuevas responsabilidades. En todo el procedimiento ha habido ausencias, pero ello no quita para valorar las responsabilidades de los actores que sí están», subrayó el fiscal Manuel Pedreira, que presentó una extensa jurisprudencia para argumentar los delitos que se imputados a los acusados, entre los que figuran prevaricación, malversación de fondos públicos, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

La influencia de De Miguel

En alusión a los últimos delitos, Pedreira recordó que el constructor Prudencio Hierro reconoció durante la parte testifical que había sufragado la reforma de la vivienda que De Miguel y su esposa tienen en Gorliz por ser este un cargo público, e ironizó que «siempre es conveniente tener a un diputado foral como amigo», en referencia a las personas que se acercaban a De Miguel por ocupar el cargo de diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial en la Diputación foral de Araba.

Esta idea es compartida por Izaguirre, quien denunció que «en este país» es necesario tener un «padrino» para poder lograr un contrato público. «Y que no se te ocurra denunciarlo, porque sino no tienes más contratos con la Administración», señaló tras recordar la situación que vivió Alberdi, que, tal como ella narró en la sala de vistas, fue vetada como subcontrata en una adjudicación a Stoa por negarse a pagar la comisión requerida por De Miguel. «¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración?», preguntó el fiscal, que saludó que haya cambiado la percepción social ante la corrupción, un problema que, a su parecer, «puede acabar con el estado de derecho».

El «caso De Miguel», por ejemplo, ha generado una amplia expectación, ya que se trata de uno de los casos de corrupción más grandes que se han vivido en Euskal Herria. Entre los imputados hay exburukides y personas vinculadas al PNV que ocuparon cargos de responsabilidad en el Ejecutivo autonómico, en la Diputación de Araba y en diferentes ayuntamientos de la CAV. En total 26 personas que se sientan en el banquillo de los acusados desde el pasado mes de enero, cuando arrancó la vista oral, que finalizará en las próximas semanas.

Hoy está previsto que intervengan los letrados de Lakua y de la Diputación foral de Bizkaia, y podrían empezar a presentar sus conclusiones los abogados de los acusados, que podrán acogerse a su derecho a la última palabra el día 19. Está por ver que hará De Miguel, ya que varios de los acusados han reconocido el pago de comisiones ilícitas al exdiputado foral a cambio de una rebaja en la petición de pena.

 

Delituak aurrera eramateko sozietate sarea

Kataia Consulting, Errexal eta Ortzi Muga Alfredo de Miguelek eta beste auzipetuek delituak aurrera eramateko sortutako enpresak zirela nabarmendu zuen atzo Josu Izaguirre fiskalak. Honek, astelehenean egin zuen bezala, adierazi zuen De Miguel, Aitor Telleria, Koldo Ochandiano burukide ohiek eta beraien emazteek sare bat sortu zutela kontratu publikoak modu irregularrean esleitzearen truke legez kanpoko komisioak kobratzeko, eta Ochandiano talde honen «buru ekonomikoa» zela azpimarratu zuen. Izan ere, auziaren froga nagusietako bat dira beraren etxebizitzan topatutako koadernoak, jasotako diruaren informazioa jasotzen baitute.