La Audiencia de Araba ha comenzado la sesión de este lunes con la toma de declaraciones de los acusados relacionados con el proyecto de recalificación urbanística de 120 hectáreas en la localidad de Zambrana para crear un polígono industrial valorado por sus promotores, la catalana Construcciones Riera, en 65 millones, proyecto que finalmente no llegó a materializarse. Por primera vez, uno de los imputados ha reconocido que cobraron comisiones ilegales.

Se trata del empresario Josu Arruti, propietario de la sociedad mercantil Sidepur, quien ha señalado que cuando firmó un acuerdo con Construcciones Riera para desarrollar el citado polígono industrial, el ex diputado foral y exdirigente del PNV Alfredo de Miguel le propuso solicitar una comisión de 161.000 euros para cada uno a cambio de «ayudar» al proyecto utilizando la «interlocución directa» del dirigente jeltzale con las Administraciones.

161.000 euros cada uno

«¿Qué te parecería que al margen de tus honorarios les pidieras una comisión para ti y para mí?», ha dicho que le preguntó De Miguel. «Le digo que sí –igual me vence a mi también la avaricia–, y al final pactamos que le voy a pedir una comisión de 161.000 euros para cada uno», ha detallado Arruti, para el que la Fiscalía pide una pena de 19 años y 10 meses de prisión.

Según ha admitido a preguntas del fiscal, se trasladó a Catalunya para planteárselo al grupo catalán y uno de los responsables, de Riera, Francesc Fernández –también imputado en la causa– accedió a este pago y decidió incluirlo en los «honorarios profesionales». Además, ha explicado que Fernández le propuso contar con él y con el propio De Miguel en el futuro desarrollo del polígono industrial para que pudieran ofrecer sus «servicios» a las empresas que se ubiquen en él.

Arruti ha añadido que desde la cuenta de su padre abonó a De Miguel las cantidades pactadas a través de Kataia, la empresa sobre la que presuntamente pivota esta trama y que fue impulsada por el exdirigente del PNV alavés y sus compañeros de partido, también imputados, Koldo Otxandiano y Aitor Telleria.

Arruti ha reconocido también que no cumplió con sus obligaciones tributarias con la Hacienda vizcaina y que una vez que firmó el contrato con Construcciones Riera en setiembre de 2005 utilizó esa cuenta de su padre para hacer diversos pagos, una práctica de la que hoy se ha arrepentido y ha tachado de «error».

A través de dicha cuenta recibió fondos de Construcciones Riera e hizo «pagos a Kataia» y a otros proveedores, ha insistido.

Al parecer, Arruti es uno de los acusados con los que la Fiscalía ha llegado a un acuerdo para rebajar penas a cambio de reconocer delitos.

Exalcaldesa de Zambrana

En la sesión de hoy también ha declarado la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo (PNV), que solo ha respondido a las preguntas de su abogada y del tribunal y ha reconocido que contactó con el Araba Buru Batzar, la ejecutiva jeltzale, para que le pusieran en contacto con alguna persona que le asesorara sobre los pasos a dar para la creación de un polígono industrial.

Allí le dijeron que esa persona que le podía ayudar era De Miguel, a quien conocía «de vista», quien posteriormente le puso en contacto con Josu Arruti, a quien la exalcaldesa no había visto «nunca».

Angulo ha negado que interviniera en las reuniones entre los promotores del polígono y los propietarios de los terrenos, ha dejado claro que no conocía la existencia de la empresa Kataia y ha insistido en que ningún concejal dudó de la legalidad del acuerdo con Sidepur.