La familia de la víctima de abusos en el Colegio Gaztelueta pide el ingreso en prisión del condenado

La abogada de la acusación demanda de la Audiencia de Bizkaia que se proceda al ingreso en prisión de José María Martínez Sanz, condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a 2 años de prisión por abusos sexuales al exalumno de Gaztelueta. El alto tribunal español atendió parcialmente los argumentos de la defensa, rebajando la pena de cárcel de 11 a 2 años.

En su resolución, la Sala Segunda del TS, presidida por Manuel Marchena, sentenció que «no basta con que la versión de la víctima inspire credibilidad», lo que le lleva a excluir de los hechos probados dos de las cinco agresiones sexuales relatadas por la víctima. El antiguo alumno del colegio dependiente de la Obra del Opus Dei relató ante la Audiencia de Bizkaia los abusos que sufrió entre los 12 y 13 años, que le costó años comentar a su familia.

El alegato de la acusación plantea que no sería comprensible que un pederasta condenado en base a una sentencia firme por el TS a dos años de condena permaneciera en libertad cuando hay jurisprudencia por delitos económicos en donde los condenados sin antecedentes penales, entran en prisión con la misma pena. «¿Es digerible por la sociedad y más allá por la propia doctrina jurídica?», se pregunta la familia.

«Pocos delitos hay más graves que los delitos de abusos sexuales cometidos contra menores de edad por quienes tienen la obligación de cuidar y velar por el», exponen en su alegato ante la Audiencia de Bizkaia, en referencia a la condición del condenado como profesor y preceptor de la víctima.

«¿Es permisible?»

Al conocer la sentencia del TS, Juan Cuatrecasas, padre de la víctima, consideró que la reducción de la condena era una burla a su hijo y a todas las víctimas de abusos sexuales. Ahora, una vez analizada en profundidad esa resolución, la acusación pregunta a los magistrados encargados de cumplir con esa resolución si «es permisible que un pederasta condenado por abusos continuados en un colegio del Opus no entre en prisión».

«La alarma social causada por la rebaja de la condena en el TS respecto a los 11 años de la pena de la Audiencia Provincial de Bizkaia no puede verse incrementada por la libertad de un pederasta bendecida por nuestro poder judicial. Nadie objetiva o subjetivamente, lo entendería. El riesgo social que supone dejar sin control y en libertad a un pederasta condenado es más que evidente», sostienen en su alegato.