La Unión Europea ampara los intereses de las farmacéuticas

Las vacunas contra elcovid-19 no han resultado tan determinantes para detener la pandemia como divulgó la propaganda de las multinacionales que las fabrican. Sirven para evitar los síntomas más graves de la enfermedad –que no es poco– pero no impiden su desarrollo y transmisión. Digamos que tienen un valor de uso tirando a regular. Sin embargo, el valor de cambio ha sido mucho mayor del que soñaron sus productores.

Ese valor de cambio no está precisamente en que se haya hecho con ellas «diplomacia», como dejaron caer al principio de la pandemia los países occidentales en relación con las vacunas chinas, rusas o cubanas. Occidente, y especialmente la Unión Europea (UE), se quedaron estancados en la conocida como «diplomacia de la cañonera»: cuando quieren algo de algún otro país amenazan con el uso de la fuerza. En este esquema las vacunas no sirven como amenaza y, por tanto, tampoco para la diplomacia europea.

El valor de cambio de las vacunas está asociado, sobre todo, con la urgente necesidad de los países por pasar la página del covid y recuperar la actividad económica habitual. Eso ha impulsado a una carrera por comprar el mayor número de dosis lo más rápidamente posible pagando por ellas precios desorbitados. A mediados de agosto se supo que Johnson & Johnson fabrica vacunas en Sudáfrica y las vende a Europa, cuando en África apenas ha comenzado la vacunación.

Aparte de que los dólares y los euros son mucho más apreciados que el rand o la rupia, los países occidentales todavía tienen otra arma muy potente para que las multinacionales sigan forrándose con las vacunas: los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Occidente). Este sistema creado en teoría para «proteger» la propiedad intelectual, en realidad blinda ciertos saberes y procedimientos en un monopolio que impide, entre otras muchas cosas, que se divulguen tecnologías, medicinas y vacunas.

Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomendó recientemente dos terapias nuevas, el tocilizumab (farmacéutica Roche, que de mala gana liberó sus patentes secundarias en ciertos países) y el sarilumab (farmacéutica Regeneron). Este medicamento cuesta nada menos que 1.554 euros (1.830 dólares) la dosis en EEUU. Como señala Médicos sin Fronteras, dos nuevos tratamientos potenciales, casivirimab e imdevimab, también están patentados por Regeneron y se venden como cóctel a un precio por dosis de 696 euros (820 dólares) en India, 1.700 euros (2.000 dólares) en Alemania y 1.784 euros (2.100 dólares) en EEUU. Esos derechos de propiedad funcionan como barreras monopolísticas que elevan los precios e impiden el acceso.

De lo lucrativa que está resultando la pandemia para las farmacéuticas, sirvan dos ejemplos. Johnson and Johnson ha aumentado durante el segundo trimestre del año un 27% sus ventas y un 73% sus beneficios hasta alcanzar los 6.278 millones. Pfizer, por su parte, anunció unos beneficios en el segundo trimestre del año de 19.000 de dólares que, comparados con los 9.000 millones del segundo trimestre del año pasado, representan un crecimiento de nada menos que el 92%.

Petición deshoída

Pronto hará un año que Sudáfrica e India pidieron a la OMC una exención para las vacunas, medicamentos, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías para todos los países hasta que se alcanzará la inmunidad de grupo. A la petición inicial se han unido más de cien países, así como numerosas ONG. Los países occidentales se opusieron desde el principio. Para ello, trataron de organizar la caridad por medio del mecanismo Covax, que en una situación de emergencia sanitaria como la actual, se ha visto superado por los acontecimientos.

Los partidarios de la exención llevan un año explicando la necesidad de la exención con ejemplos y argumentos sólidos como recogen las actas de la OMC. A principios de mayo, la nueva administración estadounidense decidió apoyar la exención, respaldo que llevó a los países impulsores de la propuesta a afinar aún más su planteamiento para minimizar las incertidumbres y lo recogieron en un nuevo escrito el 25 de mayo.

Ante este vuelco en la lucha por eliminar la exención a las patentes, el 4 de junio la UE envió un escrito y el 18 remitió una propuesta de declaración para el siguiente Consejo General. La declaración no aportaba elementos nuevos y como acertadamente señaló MSF, lo único que buscaba era torpedear la resolución sobre la exención de los derechos de propiedad, introduciendo otro debate sobre una declaración. De ese modo, el Consejo General de la OMC de julio terminó sin que se llegara a ningún acuerdo. Pasadas las vacaciones de agosto, se retomarán las negociaciones.

Con está jugada nada inocente de la UE, las farmacéuticas han ganado un tiempo precioso para seguir haciendo caja. Si a principios de verano en los países con monedas fuertes se había vacunado prácticamente a los grupos de riesgo, farmacéuticas y gobiernos aprovecharon la coyuntura para continuar vacunando al resto de la población hasta llegar a los adolescentes, y eso a pesar de los reiterados llamamientos de la OMS para que se priorizara a los grupos de riesgo de otros países.

Una vez cubierta esa etapa y a falta de nuevos grupos de población pendientes de vacunar, en este momento y vista la evolución de la pandemia, se ha lanzado el debate sobre la necesidad de una dosis de refuerzo a los seis meses. No es más que otra oportunidad para seguir vendiendo vacunas a los países poderosos mientras que en muchos países ni siquiera está vacunado el personal sanitario.

Con esta posición, el único valor que defiende la UE es el del dinero. Ni la vida ni la dignidad de las personas están entre sus prioridades.