El PP amenaza con llevar al TC la derogación del doble cómputo de penas, avalada en el Congreso

El PP planteará un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional si el Congreso no vuelve a votar la reforma de la ley 7/2014, que adapta a la legislación española los criterios de cumplimiento de condenas coordinados dentro de la UE y pone fin al doble cómputo de penas, una excepcionalidad aplicada durante 16 años a presos y presas vascas.

En una rueda de prensa, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha recordado que su partido empleó la mayoría de la que dispone en la Cámara Alta para «vetar» un cambio legal que tiene por objeto adaptar la legislación española al criterio europeo; y ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de «boicotear una vez más las competencias del Senado».

Se ha referido así a la decisión de la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, de llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma de la ley sin pasar de nuevo por el pleno, donde ya fue aprobada por unanimidad, al entender que el supuesto veto aducido por el PP no era válido por haberse hecho fuera de plazo.

«Nos parece inadmisible el acuerdo de la Mesa del Congreso, que ha despachado este asunto sin ningún informe jurídico que lo avale y usurpando la capacidad de interpretar el Reglamento del Senado, que no le compete», ha indicado García, que ha insistido en que un veto solo puede levantarlo el Pleno del Congreso en una nueva votación.

Segundo intento

Este no es el primer intento que realiza el PP para evitar que entre en vigor un cambio legal que no fue objeto de ninguna enmienda, ni en el Congreso ni el Senado, y que fue aprobado por amplia mayoría. Fueron las presiones de la AVT, así como de otras organizaciones, las que llevaron a la derecha española a mover ficha.

Así, el pasado miércoles el presidente del Senado, Pedro Rollán, envió una petición de rectificación a la Mesa del Congreso, insistiendo en que la votación plenaria del lunes había servido como veto. Y ahora llevará una petición de rectificación similar a un pleno del Senado como paso previo antes de plantear el conflicto de atribuciones ante el Constitucional.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el Congreso tendrá un plazo de un mes para responder a esa petición formal del Pleno, y si no contesta, será transcurrido ese mes cuando el Senado podrá plantear el conflicto.

Fuentes del PP han indicado a Efe que este requerimiento formal no entrará en el orden del día del pleno de esta próxima semana, por lo que es previsible que sea votado en el Senado el miércoles 30. En cualquier caso, fuentes del Congreso han informado a la citada agencia de que el texto de la ley, tras la decisión de su Mesa del martes, ya ha sido remitido para su publicación en el BOE.

Tal como señaló Sare este jueves en una rueda de prensa ofrecida en Gasteiz, 52 presos y presas podrán acogerse al nuevo cálculo, es decir, ver acortado el tiempo de encarcelamiento que se les calculaba hasta ahora sin computar lo cumplido en el Estado francés. Siete de ellas habrán cumplido condena con ello o bien lo harán en lo que queda de este mismo año.