Volantazo en la política de VPO y todo listo para aplicar las zonas tensionadas en Nafarroa

Los partidos que conforman el Gobierno de Nafarroa y EH Bildu han aprobado la Ley Foral para el derecho a la vivienda asequible, que viene a modificar la anterior ley, de 2010 por el derecho a la vivienda y el decreto de 1/2017. Toda la derecha (UPN, PPN, el parlamentario de Vox y la no adscrita) se ha posicionado en contra. 

La norma es compleja y toca distintos ámbitos en materia de vivienda. Uno de los más singulares es la fórmula del arrendamiento asequible, por el que habrá tres tipos de viviendas en alquiler, en lugar de los dos actuales: precio libre y alquiler de protección oficial.

El arrendamiento asequible se entiende como una figura intermedia por la que pisos de titularidad pública saldrán al alquiler a un precio inferior al de mercado (se pretende en que se quede en un 30% por debajo del precio libre), pero superior al que los alquileres de VPO. 

En octubre pasado, el director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, explicó que en las listas de demandantes había dos perfiles muy definidos. Unos eran familias o personas en situación de emergencia habitacional y otros, simplemente, eran personas que no podían asumir alquileres a precios desbocados. 

Pasar de la fase de solo alquiler

La siguiente clave tiene que ver con la diversificación de las nuevas promociones de VPO. Una vez que Nafarroa cambió la ley para que las viviendas protegidas no pierden jamás esa calificación, de modo que el adjudicatario no puede especular con ellas, el Parlamento entiende que ya no tiene por qué sujetarse a la limitación autoimpuesta de construir solo para el alquiler y puede sacar, de nuevo, promociones VPO para a la venta. 

La consecuencia de esto es que el Gobierno quiere construir y desarrollar formatos no vistos en Nafarroa, pero que ya funcionaron en la CAV, como la adquisición de viviendas para 75 años, momento en el cual la propiedad revierte de nuevo en lo público. 

Además, se introducen nuevas figuras residenciales, como los alojamientos dotacionales «configurados como equipamientos comunitarios de titularidad pública orientados a atender, de forma rotatoria, situaciones específicas de dificultad en el acceso a un hospedaje digno por parte de determinados colectivos sociales».

Puesta en marcha de las zonas tensionadas

La declaración de las zonas tensionadas de alquiler, que se prevé a finales de este mes cuando se actualice el BOE, permitirá la aplicación de nuevas medidas. La más novedosa es el tope de precios de las casas destinadas al alquiler, cuyo resultado ya se puede consultar a título informativo.

Estos topes de precios dependen también de la creación de un registro de grandes tenedores, dado que quien tenga más de cinco casas ha de sujetarse sí o sí a esta limitación. La norma aprobada este jueves incluye la creación de este registro. 

Al mismo tiempo, también la norma incluye un paquete de sanciones para quien incumpla, por ejemplo, la obligación de ajustarse a este límite, del que solo están exonerados los pequeños propietarios que hayan tenido el piso alquilado en los cinco años anteriores, situación en la que solo pueden incrementar el IPC sobre la renta anterior.

Las reacciones de los partidos

En un pleno mediatizado por el escándalo de Santos Cerdán, Kevin Lucero, del PSN, ha abierto el debate declarando que con esta nueva ley se reconoce el fracaso del mercado para garantizar vivienda y que por ese motivo debe intervenir el sector público.

«Esta ley responde con medidas concretas, con una nueva figura de alquiler asequible, más vivienda protegida, herramientas para movilizar vivienda protegida o castigar el acoso inmobiliario», ha reivindicado el socialista.

Mikel Zabaleta, de EH Bildu, se ha apoyado en el juego del Monopoly para explicar la actual situación del acceso a la vivienda. El parlamentario ha criticado el sistema capitalista, al que ha señalado como causante principal de la crisis a nivel mundial en materia de acceso a la vivienda y ha defendido la nueva ley como «de carácter social».

Desde Geroa Bai, Itxaso Soto ha reconocido que le hubiese gustado «que la derecha se hubiese sumado a avanzar en este sentido» y ha asegurado que la ley mejora el acceso y aumenta la oferta de viviendas.

También ha mencionado una apuesta y mejora de oferta por la vivienda protegida y redefinición de los sistemas de ayudas a las personas inquilinas, tanto en alquiler como en compra.

Por su parte, Daniel López,de Contigo-Zurekin, coalición a la que pertenece la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro– ha puesto en valor las políticas de viviendas protegidas, expresando que «a día de hoy nos enfrentamos a un crecimiento reciente de personas que necesiten ayuda en vivienda pública».

Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, ha asegurado que la proposición de ley persiste en dificultar el acceso a la vivienda en Navarra y que provocará malos resultados.

«Se ha multiplicado por cuatro la lista de demandantes de vivienda protegida y se ha reducido drásticamente su creación», ha dicho el parlamentario de UPN.

A continuación, Maribel García Malo, del PPN, ha reflexionado en torno a las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno foral, que les preocupa que no están siendo lideradas por este sino «por los partidos que le sostienen», y que «se prescinde de informes técnicos y se margina a la ciudadanía».

«Llevan diez años con políticas erróneas y con esta propuesta de ley dan un paso más» ha manifestado García.

Por parte del Grupo Mixto, Emilio Jiménez (Vox) ha hablado de un exceso de burocracia actual y una situación en la que «la ocupación ilegal se ha disparado» y que desde «el Gobierno de Navarra han convertido a los jóvenes en jornaleros del alquiler».