Organizaciones vascas denuncian la persecución a la sociedad civil en El Salvador

‘La Perrera’ Espazioa ha sido este miércoles testigo de la rueda de prensa que Zehar Errefuxiatuekin y la Coordinadora de ONGD Euskadi han organizado en aras de presentar el informe derivado de la visita que una delegación vasca, compuesta por varias organizaciones de cooperación y solidaridad junto con representantes de Lakua y del Parlamento de Gasteiz, realizaron a El Salvador el pasado mes de enero, y de denunciar «la criminalización de la sociedad civil y la persecución de defensoras/es en El Salvador».

Arropadas por Eneko Gerrikabeitia, responsable de la ONG Mundubat, y Leire Lasa, miembro del equipo de incidencia y participación social de Zehar Errefuxiatuekin, Ivania Cruz y Zenayda Serrano, ambas activistas salvadoreñas exiliadas, han profundizado en la gravedad de la situación del país gobernado por Nayib Bukele.

«El gobierno está utilizando el estado de excepción para ir contra cualquier tipo de disidencia o movimiento social», ha manifestado Serrano, miembro del Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 (MUFRAS-32).

En el marco del NARE-Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la delegación vasca tuvo la oportunidad de visitar el país y conocer su situación de primera mano. «Es la primera comitiva internacional que visita nuestro país», ha indicado Cruz, principal portavoz de la organización Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDECH), y ha añadido que «la comunidad internacional debe poner los ojos en El Salvador».

Una visita reveladora

El informe presentado trata de deconstruir la narrativa oficialista promovida por el Gobierno de Bukele mediante la que la seguridad se contrapone a los Derechos Humanos. Así, el documento expone que «el régimen de excepción, que se inició en marzo de 2022, sigue vigente tras 38 prórrogas», que «bajo una supuesta estrategia de seguridad de lucha contra las pandillas», está permitiendo «una estrategia de control político y social más amplia que ha dejado a su paso la detención de 85.000 personas sin el debido proceso (el 2,5 % de la población adulta del país)».

Por ello, las organizaciones vascas de cooperación exigen, junto a otras reivindicaciones, la «finalización del régimen de excepción y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales suspendidas». Serrano ha sido tajante afirmando que «Bukele incumple constantemente la Constitución» y, por si fuera poco, «busca el silencio sistemático de la disidencia».

Aunando esfuerzos y perspectivas, la creación del «Comité de solidaridad de salvadoreñas/os en Euskal Herria contra la dictadura de Bukele» es una viva expresión de la colaboración entre los exiliados que reivindican sus derechos desde fuera del país. Sin intención alguna de desistir en su lucha, el comité ha organizado este viernes a las 19:00 en la Plaza Unamuno de Bilbao una concentración dirigida a «la defensa de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en El Salvador».

«Los que van a pagar y están pagando todo esto son los más débiles, el pueblo», ha lamentado Serrano. Preguntada por el arresto masivo de miembros de maras, principales grupos criminales en El Salvador, Cruz ha concluido: «Nos libraron de las pandillas, pero, ¿quién nos libra del Gobierno?».