La crisis de los cribados de cáncer en Andalucía pone en cuestión la privatización sanitaria

«¡Me has arruinado la vida, y te voté! ¡Estoy muerta en vida!», le gritaba Anabel al presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando acababa el pleno en que se admitía a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Marea Blanca para blindar la sanidad pública autonómica y limitar los conciertos.

El grito desgarrador de Anabel, quien estaba en las gradas del público viendo el pleno, tiene que ver con la mayor crisis de la sanidad andaluza en décadas: ella es una de las víctimas de los fallos en el sistema de alertas de los cribados de cáncer de mama. Con 51 años y el pelo muy corto por la quimioterapia, es una de las mujeres que, tras hacerse la mamografía, no fue avisada y un año después la llamaron para hacerse los estudios típicos ante casos de riesgo. Por la demora, su tumor estaba muy avanzado y perdió el pecho, y también su trabajo por estar con contrato temporal, según ha podido saber NAIZ a través de AMAMA, la asociación de mujeres con cáncer de mama que lidera las protestas.

Todo comenzó a fines de septiembre y poco a poco, como una bola de nieve, el problema fue cobrando mayor densidad y proporción. Una periodista de la Cadena Ser – ella misma había sido una víctima de los cribados con resultados sospechosos no alertados– contactó con gente de AMAMA y se acabó produciendo un informe especial transmitido en directo. Allí se pidió que si había andaluzas que hubieran sufrido lo mismo, lo comunicaran. Fuentes presentes aquel día comentaron a NAIZ que los teléfonos tanto de la Ser como de AMAMA estallaron y fueron centenares las llamadas.

«Dos o tres casos»

Al principio, portavoces de la Junta andaluza señalaban que eran pocos casos y aislados, concentrados en el gigantesco Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El tiempo demostró que esa primera reacción sería un paso en falso que los perseguirá siempre. 

Ángela Claverol es la presidenta de AMAMA, la asociación de mujeres con cáncer de mama más grande de Andalucía, con entidad jurídica solamente en Sevilla pero que va camino a ser una federación en las ocho provincias de esa comunidad autónoma. Ha sido la cara visible de las protestas y reclamaciones en los medios contra la Junta y han hecho presentaciones judiciales.

Madrileña de nacimiento pero sevillana por adopción, Claverol recuerda en entrevista con NAIZ su encuentro personal con la entonces consejera de Sanidad, Rocío Hernández Soto, en su despacho: «Nos dijo que eran solo dos o tres casos, y yo fui acompañada por cuatro. Nos trató con la punta del pie, menospreciándonos y llamándonos alarmistas. Al día siguiente, increíblemente, cambiaron su versión y dijeron que podía llegar a haber 2.000 casos».

Claverol (AMAMA): «La consejera nos dijo en su despacho que eran solo dos o tres casos y yo iba acompañada por cuatro. Al día siguiente dijeron que podía llegar a haber 2.000»

Lo denunciado por AMAMA y admitido por la Junta es que hubo fallos en las alertas y seguimiento a las mujeres cuyo cribado era un BI-RADS 3, es decir, un diagnóstico dudoso tras la mamografía, con baja posibilidad de cáncer pero que exige nuevos exámenes para descartarlo absolutamente. «En Andalucía, cuando haces la mamografía te dicen que si en 15 o 30 días nadie ha contactado contigo es que no hay ningún problema, es como un silencio administrativo. Pero ha fallado y sabemos de casos de hasta 16 meses de retraso, en los que hubo cánceres que acabaron en metástasis y masectomías», señala.

Los casos no son de cualquier fecha: todos comienzan en 2021, cuando el consejero de Sanidad era Jesús Aguirre. Y desde aquel año hasta ahora se han hecho alrededor de dos millones y medio de mamografías, según informa la Junta.

¿Por qué todos los casos son del 2021 en adelante? Porque es el año en que el sistema de alertas de los cribados dejó de estar a cargo de funcionarios públicos de la Escuela Andaluza de Salud Pública y pasó a manos privadas, en este caso, de la empresa japonesa NTT, que ganó en un concurso público todo el mantenimiento y la evolución de los sistemas informáticos del SAS (Servicio Andaluz de Salud). Sin embargo, tiene subcontratada a una empresa sevillana para el programa de cribado de cáncer de mama.

«Es raro que algo que funcione estupendamente bien se privatice», recalca Claverol, y recuerda que en los tiempos previos AMAMA no tiene conocimiento de olvidos en los casos que requerían alertas. «No tenemos constancia y ni una sola reclamación antes del cambio a manos privadas», añade. Además, a pesar de las declaraciones de algunos dirigentes del PP andaluz, que tratan de endilgar la responsabilidad a la exconsejera María Jesús Montero (actual vicepresidenta de España) en tiempos en que gobernaba el PSOE, explica que el protocolo diseñado por ella en 2011 «es distinto que el actual. Echarle la culpa no tiene sentido».

AMAMA está estudiando 270 expedientes de mujeres que han avisado que tienen cáncer avanzado y que aseguran que nadie contactó con ellas ni les pidió más muestras tras la mamografía. Y han atendido 4.000 casos de denuncias de mujeres con BI-RADS 3 pero cuyas consecuencias están aún en revisión . La Junta, por su parte, considera que son menos de 3.000 y ha impulsado 2.317 exámenes de mamografía a mujeres que presentaban casos sospechosos y que no fueron alertadas (procedimiento que ha acabado esta misma semana).

Pero ¿qué pasó? Es lo que vienen preguntándose hace dos meses la ciudadanía y medios andaluces. «Creo que tiene que ver con el sistema informático y las BI-RADS 3 y nadie evidentemente lo supervisó, pensando del lado bueno. Si soy mal pensada, puedo pensar que eran muchos casos y ellos las apartaron y ni siquiera las llamaron para aligerar las listas de espera. Pensando fatal, puedo pensar que ellos eran conocedores de todo esto y decidieron obviar a esas mujeres. Sabemos que hay cargos públicos que cobran un plus salarial por aligerar listas de esperas en el Virgen del Rocío, nos consta. Por eso me pregunto, ¿cuánto vale la vida de una mujer andaluza?», dice Claverol.

«Pensando fatal, puedo pensar que ellos eran conocedores de todo esto y decidieron obviar a esas mujeres. Sabemos que hay cargos públicos que cobran un plus salarial por aligerar listas de esperas»

Al respecto, el diario ‘El País’ y la SER han publicado información a partir de fuentes sanitarias (aunque sin documentos que lo prueben) de que altos cargos de la Consejería de Sanidad habían dado la orden en 2022 de no avisar más a las mujeres afectadas por los cribados por teléfono ni por carta ya que eso se haría de manera automática a través del nuevo sistema informático. La Consejería ha rechazado esto diciendo que la empresa concesionaria no hace seguimiento de los casos y la desvinculó del fallo.

Además, hay otro elemento, muy grave en cuanto a la responsabilidad política de la Junta: AMAMA estudia seis casos de «modificación de informes» de mamografías y asegura tener uno «confirmado». «Son casos en que [las pacientes] habían imprimido su estudio y luego descubrieron que en sus expedientes estaban cambiados. Si esto se prueba, sería homicida y creemos que puede haber muchos más casos. Pero también la desgracia de las víctimas juega a favor de la impunidad de la Junta porque si tienes cáncer y estás con quimioterapia, no tienes ganas de meterte en esto judicial», explica la presidenta de la asociación.

De hecho, este miércoles la Fiscalía de Sevilla decidió el archivo de la denuncia de AMAMA por el supuesto borrado de mamografías en el SAS al considerar que no hay indicios de delito, aunque Claverol cree que la denuncia hecha también en Granada podría prosperar.

Maquillaje y privatización

En medio de este escándalo, que ha sido mencionado en varias oportunidades en los debates de los plenos de control del Congreso y ha cobrado dimensión en los medios estatales, la Junta ha tenido una actitud pendular: de infravalorar el caso a pedir disculpas y cesar a la consejera, y estigmatizar a las víctimas aglutinadas en AMAMA.

A mediados de octubre, el presidente autonómico dijo que la situación era «grave» y que había tomado «decisiones drásticas», como echar a Hernández y dar las competencias de Sanidad al experimentado político andaluz Antonio Sanz, que ahora concentra además las de Presidencia y las de Emergencias.

Moreno anunció en esa oportunidad «una serie de cambios y reformas en el ámbito organizativo de la Consejería de Salud» para que las cuestiones que no han llegado a «la cúpula de decisión, en este caso la Presidencia de la Junta», sean más «permeables» y puedan conocerlas con mayor antelación. «Serán removidas de sus responsabilidades algunas personas, muchas de ellas funcionarios, pero que tienen responsabilidades muy concretas y de alguna u otra manera han fallado en esta correa de transmisión», subrayó.

Por su parte, en las últimas semanas el enfrentamiento entre el consejero Sanz y AMAMA se ha recrudecido y ha acusado a la asociación de no facilitar datos de algunas denuncias que dice tener. «Quiero saber por qué no nos los pasan. ¿Hay algo que ocultar? Dejemos de soltar datos que luego no nos llegan porque entonces lo que estamos es confundiendo y generando una desconfianza sobre un sistema que salva vidas», dijo recientemente. Tras conocerse el archivo de la denuncia, también ha exigido que pidan «perdón». Claverol se ha defendido y respondió que no facilitan datos porque hay mujeres «que no quieren que los demos» y piden discreción.

Mari García Bueno (Adelante Andalucía): «La privatización brutal de la sanidad pública es lo que está llevando a esta deriva»

La oposición parlamentaria ha reclamado una comisión de investigación pero el PP, con mayoría absoluta, la ha rechazado. «El Gobierno de Moreno intenta echar balones fuera y siempre dice que hay otro culpable y no asumen absolutamente nada. Aquí lo que ha ocurrido es que ha habido una privatización brutal de la sanidad pública que está llevando a esta deriva», dice a NAIZ la secretaria de Organización de Adelante Andalucía y candidata a diputada por Huelva, Mari García Bueno.

Si bien recuerda que en la etapa de Susana Díaz «empezaron los conciertos sanitarios», opina que la privatización desde que gobierna el PP ha pisado el acelerador. «Hay gente que podría pensar que es mejor si mejora el servicio, pero no, no solo no mejora sino que hay recorte de personal y más listas de espera, y el mayor presupuesto se destina a empresas como Quirón o Asisa».

Por ahora, las encuestas han demostrado que el caso de los cribados desgastó al Gobierno del PP y si las elecciones fueran hoy, podría perder su mayoría absoluta aunque sin esperanzas de que la izquierda vuelva a la Junta. Como suele ocurrir (y los analistas de sondeos señalan que así fue con la corrupción o el apagón), estos escándalos disparan la antipolítica y en ello quien recoge los frutos no es otro que Vox.