La legalización de un partido que es la base de una coalición emergente que dio la sorpresa en las elecciones municipales y forales y en las de las Cortes españolas, sigue pendiente de las tribulaciones de los once integrantes actuales del Tribunal Constitucional.

 

En el plenario de hace dos semanas, desarrollado entre el 22 y el 24 de mayo, el derecho de asociación de miles de vascas y vascos quedó sometido a las reivindicaciones internas del TC, que vino a realizar una especie de huelga no declarada en exigencia de que PP y PSOE acuerden de una vez la renovación de los cuatro cargos pendientes.

Habrá que ver si el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de renovar el tribunal antes de que acabe junio ha satisfecho a los magistrados y deciden retomar sus deliberaciones con normalidad.

Dado el alto contenido político de la sentencia sobre el recurso de Sortu, sea cual sea el sentido del fallo, también cabría que el «sector conservador» bloquee un pronunciamiento inmediato, a la espera de que la renovación le permita una correlación de fuerzas más favorable a sus posiciones, alineadas con las tesis ilegalizadoras del Supremo.

Sortu presentó sus estatutos en el registro del Ministerio de Interior el 9 de febrero de 2011 y el Gobierno de Zapatero promovió su no inscripción. El 23 de marzo la Sala del 61 Tribunal Supremo emitió el fallo que ratificaba la decisión gubernamental y mantenía a la izquierda abertzale en la ilegalidad. Pero siete de los dieciséis miembros suscribieron un voto particular en el que acusaban al resto de haber ido más allá que la propia Fiscalía. El recurso de la defensa se basa en buena medida en ese voto discrepante.