Para esclarecer la autoría de un crimen sin sospechosos aparentes, lo primero que hay que hacer es buscar a los que se benefician con dicho crimen. Es un clásico de la novela policíaca que, en esta ocasión, Greenpeace ha llevado a la arena política para analizar la Ley de Costas y a algunos de sus principales beneficiarios. El resultado es ‘Amnistía a la destrucción; una investigación sobre los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas’. Un informe que ha levantado ampollas en las filas del PP y que llevó a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, a demandar a la organización ecologista.

El informe empieza analizando la figura del propio ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, uno de los ministros con mayor patrimonio y de quien se repasan sus fuertes lazos con empresas petroleras como Ducar –de la que fue presidente hasta 2011– y promotoras inmobiliarias como Bami Newco, propiedad de Joaquín Rivero. También se examinan los lazos de familiares del ministro en sectores relacionados con la construcción, como el de su propia esposa –participa también en Ducar– y su cuñado José Ramón Bujanda Sáenz, presidente de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado y de la Asociación Europea de Fabricantes de Hormigón.

Se trata de sectores y empresas concretas que se benefician ampliamente de la nueva Ley de Costas. Especialmente claro es el caso de Bami Newco, implicado en un macroproyecto de Jerez de la Frontera antes ilegal y ahora perfectamente viable. Junto a Arias Cañete y Rivero –empresario cercano al PP–, en esta empresa aparece también el nombre de su vicepresidente: Ignacio López del Hierro, que además de hombre de negocios, es marido de De Cospedal. De ahí, cabe imaginar, su enfado.

Por todo esto, Greenpeace presenta a Arias Cañete como «un ministro con una peculiar sensibilidad ambiental y donde podría haber posibles conflictos de intereses». «De ahí su peculiar visión de lo que tiene que ser la costa y la Ley de Costas, una herramienta más parecida a la regularización del suelo urbano y de bienes inmobiliarios», añade el informe. Algo que lleva a la organización ecologista a afirmar que «detrás del proyecto de reforma de la Ley de Costas hay, sin duda, muchos nombres y apellidos que han pedido o colaborado directamente para convertir esta normativa en un texto alejado de la protección ambiental».

Otros nombres y apellidos

El informe no se acaba en Arias Cañete, sino que repasa a otros políticos del PP y empresarios relacionados con el partido. Entre ellos destaca el exministro de Exteriores en tiempos de Aznar Abel Matutes, que no hace demasiado declaró, orgulloso: «Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho». Un trabajo del que ahora se beneficiará enormemente su conglomerado Grupo Matutes, con intereses hoteleros y proyectos de golf, sobre todo en las salinas de Ibiza y en la bahía de Cádiz, según denuncia Greenpeace. Muy ligado a Matutes encontramos al expresidente popular de Baleares, Gabriel Cañellas, presidente de Salinera Española, con intereses costeros en Ibiza y Murcia.

Otro de los grandes beneficiarios es Juan Miguel Villar Mir, marqués de Villar Mir y exministro de Hacienda entre 1975 y 1976, muy ligado también al PP. Como simple ejemplo, el Grupo Villar Mir es propietario de Ferroatlántica, una industria situada en la ría de Boo (Cantabria) y que ocupa terrenos de dominio público marítimo-terrestre. La concesión se le acababa en 2018, pero con la nueva ley no tendrá que preocuparse en absoluto, ya que dichos terrenos dejarán de ser de dominio público.

Como último ejemplo, el informe de la organización ecologista aborda el caso de Bautista Soler Crespo, empresario ligado al PP valenciano que durante el boom del ladrillo llegó a aparecer en la lista Forbes de los más ricos del planeta. Ahora podrá dormir más tranquilo todavía, ya que edificaciones de su inmobiliaria Lasho como la de La Patacona, en Valencia, han pasado de la noche a la mañana de ser ilegales –diversas sentencias judiciales así lo habían señalado– a ser perfectamente legales.