El fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha acordado citar esta semana a uno de los empresarios del sector de las residencias de Gipuzkoa para escuchar sus explicaciones y valorar si existen indicios de delito en la actuación del responsable foral Ander Rodríguez.

Adegi ha denunciado al diputado foral por los presuntos delitos de «amenazas, coacciones e infracción de un derecho constitucional de la patronal».

La patronal asegura que el diputado de Bildu quiso amenazar a las empresas del sector de las residencias y centros de día de atención a ancianos, en las declaraciones vertidas en las reuniones que mantuvieron ambas partes con motivo del conflicto en torno al convenio colectivo.

El conflicto las residencias se ha convertido en motivo de enfrentamiento entre la Diputación y la organización patronal.

Incineradora de Zubieta

Por otra parte, Calparsoro ha explicado que abrió diligencias de oficio sobre la deuda que ha supuesto la decisión de paralizar las obras de la incineradora de Zubieta «que hasta el momento se ha cifrado en 46 millones de euros, pero que puede llegar hasta los 60 millones», según los datos que maneja la Fiscalía.

Ha explicado que tratará de «investigar todo el proceso», desde la norma foral aprobada en las Juntas Generales, que supuso «un plan de residuos que conllevó la construcción de una incineradora», cuyas obras se licitaron y adjudicaron, hasta la decisión de descartar la construcción de esa infraestructura, tomada por parte de los nuevos responsables de Bildu.

De esta manera, ha aclarado Calparsoro, la investigación analizará la actuación de los actuales responsables del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), «como la de los anteriores», «desde el principio de legalidad y el interés social» que deben defender los fiscales.