En una resolución adoptada por mayoría, el Constitucional ha rechazado el recurso del Gobierno de Lakua contra la reforma de la ley que lo regula, una reforma que aprobó durante la legislatura pasada la mayoría del PP en el Parlamento de Madrid como respuesta al proceso soberanista catalán.

La citada reforma, que el alto tribunal ha considerado acorde con la Constitución, pone en manos del TC potestades para obligar a la obediencia de sus resoluciones. El TC ha venido debatiendo en los últimos meses si es o no constitucional esta capacidad sancionadora.

La primera ponencia que se llevó al pleno preveía rechazar esta potestad y aceptar, al menos parcialmente, el recurso del Gobierno autonómico.

Sin embargo, dicha propuesta, redactada por la vicepresidenta Adela Asúa, no alcanzó el apoyo necesario, por lo que el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, le encargó otra a Pedro González-Trevijano.

La ponencia de este magistrado, que acepta la constitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dota a este de la capacidad de adoptar medidas cautelares y, singularmente, de la posibilidad de suspender en el ejercicio de sus funciones a los altos cargos que desobedezcan sus sentencias, es la que ha sido aceptada por la mayoría.

Los tres magistrados progresistas Adela Asúa, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-Re han votado en contra de la resolución y han anunciado votos particulares.