El IV Foro Social ha sido abierto por el exdecano del Colegio de Abogados de Bizkaia Nazario de Oleaga y la exparlamentaria Nekane Alzelai explicando el objetivo de avanzar en las recomendaciones hechas ya en 2013 para la reintegración de personas presas y huidas, una cuestión que observan unida al desarme y para la que ven nuevas opciones y nuevas fuerzas. Han explicado que afrontan esta jornada como una «hoja en blanco» para llenar con aportaciones. Y las primeras han correspondido al abogado Iñigo Iruin, la investigadora de la UPV Laura Pego y el miembro de la oficina del Ararteko Rafa Sainz de Rozas.

Iruin ha vuelto a hacer gala de realismo al poner el foco sobre las más de 150 personas presas con larguísimas condenas y sometidas a la ley 7/2003, que califica de «gran losa con muy pocos resquicios». Ha recordado el aumento del tope de cumplimiento a 40 años, y la dilatación también del plazo para acceder a tercer grado y libertad condicional, en ocasiones hasta los 32 y 35 años respectivamente, y ha concluido de que se trata de una auténtica «cadena perpetua».

Dando un paso más, Iruin ha analizado cuál es la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto, para reflejar con casos de Chipre o Reino Unido que a Estrasburgo no le preocupa tanto la definición que toma la condena, sino que haya una «revisión» efectiva en un plazo prudencial que permita excarcelaciones. Es lo que ha ocurrido en Alemania con militantes de la RAF condenados a cinco o seis cadenas perpetuas por cabeza, pero que realmente han salido a la calle en 25 años cuando en el Estado español esa 7/2003 impone 40. En la última decisión sobre un caso del Reino Unido, Estrasburgo explicita que no cabe una revisión más tardía de los 25 años de cárcel. Hungría ha sido condenada porque pretendía retrasarla hasta los 40.

Laura Pego se ha encargado de defender el concepto de Justicia Transicional y de recordar el precedente del norte de Irlanda, poniendo el acento en que aquellas excarcelaciones masivas (casi todas en apenas dos años) no fueron una amnistía sino una «libertad condicionada». El resultado inmediato fue que el proceso de paz se reforzó. Y la constatación actual es que «la reincidencia ha sido casi nula».

En cuanto a Sainz de Rozas, ha apuntado ideas como que «la Constitución dice que no puede haber indultos generales, pero las circunstancias individuales deben ser atendidas y eso es perfectamente legal». También ha defendido que el llamado «pronóstico criminal» no puede ser ahora el mismo que cuando ETA atentaba, cuando esa organización ha renunciado a la violencia unilateralmente y las personas presas son militantes que «obedecen a sus postulados». En resumen, ha considerado que «los requisitos que exige el Código Penal están hoy ya perfectamente integrados, y es totalmente posible encontrar vías de solución».

A este IV Foro Social acuden dirigentes políticos como Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte (EH Bildu), Joseba Egibar (PNV) y Pili Zabala (Elkarrekin Podemos), junto a otro centenar largo de personas, entre las que destacan un buen número de exprisioneros.

Azkarraga, Goikoetxea y Cachenaut

En la segunda mesa redonda de la jornada, han dado cuenta someramente de su trabajo y de sus preocupaciones Patricia Vélez, en nombre de Etxerat; Idoia Ibero, desde Sare; y Amaia Zurutuza, por la plataforma Sara Izarrekin Etxera. Y el Foro ha sido cerrado después con otra tertulia que ha reunido a Joseba Azkarraga, Jule Goikoetxea y Xantiana Cachenaut.

Azkarraga, hoy en Sare y antes consejero de Lakua, ha hecho hincapié en lo insólito de la actitud estatal, opuesta incluso al desarme, y la necesidad de que la sociedad civil sirva de «palanca». También ha apostado por que ETA «haga autocrítica, aunque no la hagan otros, a fin de desarmarles». Cree que toda esta cuestión de la memoria y el relato debe empezar desde 1936.

Goikoetxea ha puesto de manifiesto que al contrario de lo que ocurre en otros procesos del mundo, en el vasco solo hay presos de una parte y tampoco existen otras posibles monedas de cambio, por lo que «hay que buscar algo, aunque sea para presionar». Ve válida la fórmula de la sociedad civil, pero matizando que este concepto es confuso, y ha remarcado finalmente la necesidad de participación de las mujeres con capacidad de decisión, proponiendo incluso una unión de fuerzas en Euskal Herria que pueda lugar buscar interlocución también femenina en el Estado.

En cuanto a Cachenaut, ha revelado la actividad que está manteniendo un grupo de juristas, tanto en Euskal Herria como en el ámbito del Estado francés, buscando una hoja de ruta con soluciones para traer a los presos a casa. Asegura que el trabajo va bien y que puede haber noticias en setiembre. Con todas las aportaciones escuchadas esta tarde en el campus de Ibaeta, el Foro Social Permanente prevé emitir nuevas recomendaciones hacia el mes de mayo.