El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles, que estaba de guardia el 1-O, ha abierto una investigación para determinar si hubo «proporcionalidad» en la actuación de la Policía española en 23 locales –no solo en uno como pedía la Fiscalía– y si la intervención policial «afectó a la normal convivencia», tras centralizar las denuncias presentadas por 130 personas heridas durante las cargas policiales.

«Afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana», señala en su auto, difundido por las agencias españolas.

Recuerda el auto que hasta martes el juez recibió un total de 99 partes de lesiones –la mayoría leves, de hematomas y erosiones pero también dos casos de lesiones graves– y denuncias de diferentes personas que se encontraban en el lugar de los hechos y dijeron que fueron agredidas por los agentes.

«Ante la avalancha de denuncias y partes médicos derivados de la actuación de los agentes del CNP el día 1 de octubre en esta ciudad, debe rechazarse la petición del fiscal de investigar únicamente los hechos ocurridos en la Escola Infant de Jesús, de la calle Avenir de Barcelona, donde paradójicamente afirma el CNP que no actuó», dice el juez.

También discrepa del argumento de la Fiscalía de que no se vieron afectados la mayoría de los centros de votación, que el Ministerio Público expuso al descartar que hubo una violencia generalizada: «No puede ser utilizado para minimizar la gravedad que puedan tener hechos concretos y determinados», responde el juzgado.

El juez considera evidente que la investigación no puede limitarse a un centro de votación sino a todos «para determinar, con la claridad que sea posible, cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál fue la concreta actuación de los agentes y los ciudadanos que allí se encontraban».«Si es cierto que los agentes del CNP se encontraban en el desarrollo de sus funciones y cumpliendo un mandato judicial, no debe evitarse el análisis de lo ocurrido para comprobar o descartar la proporcionalidad en el uso de la fuerza», concluye el juez.

El fiscal también afirmaba en su escrito que el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación debe ejercerse con respeto a la ley y que, en este caso, el referéndum había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).

«No es ilegal depositar un papel sin valor legal en una urna»

Sin embargo, el juez le ha respondido que lo que era ilegal era la convocatoria pero «no es ilegal ni ilícito que los ciudadanos, convocados por una Administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó (...) a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado incluido depositar un papel sin valor legal en una urna». «Voto que, en todo caso, no puede producir ningún efecto jurídico relevante, al estar suspendida la ley que le daba tal sustento», añade el juez.

Por todo ello, el juez ha abierto una treintena de piezas separadas –una por cada centro de votación– desde la que irá llamando a lesionados, investigados y testigos que corresponda.