Duque rechaza varios puntos de una ley clave para la implementación del acuerdo de paz

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha rechazado seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, clave para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, y ha anunciado que la devolverá al Congreso para que la revise.

NAIZ|BOGOTÁ|2019/03/11
Duque
Iván Duque, presidente de Colombia. (Juan BARRETTO/AFP)

La citada ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero el mandatario ha decidido objetarla parcialmente.

«He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente», ha manifestado Duque en una alocución en cadena nacional de radio y televisión.

La decisión del mandatario frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los delitos ocurridos en medio del conflicto armado con las FARC, podría crear dificultades en la implementación del acuerdo firmado en 2016.

«Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo», ha afirmado Duque.

Sin embargo, el mandatario ha anunciado que continuará con la implementación de los compromisos a todas las personas que se encuentran en proceso de reincorporación en las regiones que han sido afectadas por la violencia.

Duque ha rechazado un artículo que considera que no establece de manera clara la obligación principal para los responsables de reparar integralmente a las víctimas, así como otro que no reconoce la competencia del Alto Comisionado para la Paz de verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz.

Asimismo, se ha opuesto a otro artículo que establece la renuncia a la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, otro que suspende las investigaciones de la justicia ordinaria a quienes se sometan a la JEP y dos que condicionan la extradición para las personas que acudan a ese tribunal.

El presidente ha anunciado que presentará a consideración del Congreso una reforma Constitucional para mejorar ese sistema de justicia transicional con la exclusión de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, así como una norma que establezca que quienes reincidan en actividades criminales perderán todos los beneficios.

De igual manera, ha advertido de que en esa reforma debe quedar contemplado que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la justicia ordinaria.

La ley volverá al Congreso para debatir las objeciones del mandatario. «Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República», ha asegurado el presidente.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, ha asegurado en una declaración que pese la objeción, ese tribunal continuará funcionando.

Por su parte, el que fuera el máximo líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, ha llamado desde su cuenta de Twitter a defender el acuerdo de paz.

Miles de personas, incluidos excombatientes de las FARC y efectivos de las Fuerzas Armadas, han manifestado su intención de someterse a la JEP, que contempla penas más benévolas que la justicia ordinaria. También figuran civiles y exfuncionarios del Gobierno acusados de haber apoyado escuadrones paramilitares de ultraderecha.

La JEP impondrá penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años a los que reconozcan su responsabilidad de manera temprana y confiesen los delitos. Quienes admitan su responsabilidad antes de la sentencia recibirán condenas de entre cinco y ocho años de privación de la libertad.

Mientras tanto, quienes sean condenados sin asumir sus responsabilidades serán sentenciados a penas de cárcel de entre 15 y 20 años, además de trabajo comunitario.

Bajo los términos del acuerdo de paz, unos 13.000 integrantes del desmovilizado grupo armado, incluidos casi 7.000 excombatientes, abandonaron las armas y conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como parte de su reintegración a la vida civil.

Actualmente ocho de los antiguos dirigentes de las FARC ocupan curules en el Congreso como parte del acuerdo.