La Justicia italiana cancela la prohibición de Salvini contra el Open Arms

El barco de Open Arms se dirigirá en las próximas horas a aguas territoriales italianas, después de que la Justicia del país haya cancelado la prohibición firmada por el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, que amenazó con multar a la ONG catalana si lo hacía. Salvini muestra su cara más dura y asegura que firmará otra prohibición.

NAIZ|2019/08/14
Openarms
Imagen de archivo del barco de la ONG catalana Open Arms. (Jorge GUERRERO / AFP)

La crisis humanitaria tiene dos focos: el Open Arms se encuentra a unas 29 millas de las costas de la isla italiana de Lampedusa (sur) desde hace doce días con 151 inmigrantes, después de la evacuación de un hombre y un bebé y cuatro familiares a Malta y dos mujeres enfermas junto a seis familiares a Italia; y el Ocean Viking lleva a bordo a 356, tras cuatro operaciones de salvamento frente a las costas de Libia.

Los dos barcos siguen esperando para desembarcar a las más de medio millar de personas rescatadas en los los que consideran los puertos seguros más próximos, pero Malta e Italia prohíben el acceso a sus aguas territoriales a las ONG.

El camino puede haberse despejado para el barco de la ONG catalana Open Arms, pues al Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio ha revocado la prohibición dictada por el ministro italiano de Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, al considerar que «la situación de gravedad y urgencia excepcionales» justifica que se permita la entrada del barco en aguas territoriales italianas «para que las personas rescatadas que lo necesiten reciban asistencia médica».

La ONG había presentado un recurso ante la Justicia italiana para pedir poder acceder a las costas de Lampedusa, frente a cuyas costas se encuentra el barco a pocas millas de distancia, y había advertido de que en las próximas horas está previsto que empeoren las condiciones meteorológicas.

Salvini insiste en que no depondrá su política de puertos cerrados a las naves de las organizaciones humanitarias, a las que acusa de incentivar la inmigración irregular desde África con su mera presencia, y nada más conocer el fallo judicial ha reiterado que en las próximas horas volverá a firmar una negativa para que el barco Open Arms, al que ha instado a poner rumbo al Estado español, pueda desembarcar en Lampedusa a los 147 migrantes que lleva a bordo.

Decreto vigente

La Justicia italiana ha cancelado solo la prohibición contra el Open Arms, por lo que sigue vigente el decreto de Salvini, que impone sanciones económicas a ONG con inmigrantes a bordo que entren, naveguen o atraquen en aguas territoriales.

El líder ultraderechista había publicado por la mañana una fotografía en sus redes sociales en la sede del Ministerio y escrito: «Trabajando desde esta mañana para evitar el desembarco de 500 inmigrantes».

En el caso de los rescatados por las ONG francesas (Ocean Viking), alega Salvini que «Libia ha mostrado su disponibilidad a ofrecer un puerto de desembarco», pese a que este país, en guerra desde 2011, no es considerado un puerto seguro por numerosos entes internacionales.

Mientras, la Comisión Europea repite que está en contacto con los estados miembros de la Unión Europea para explorar soluciones para estas personas, a la deriva en medio del mar, aunque no ha iniciado todavía una coordinación pues ningún país se lo ha solicitado.

Madrid se lava las manos

Ayer, la ONG catalana había solicitado a la Embajada española en Malta asilo para los 31 menores que se encuentran a bordo, aunque el ministro español de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, había asegurado que el capitán «no tiene capacidad jurídica» para hacerlo.

El fundador de Open Arms, Óscar Camps, había tachado esta situación de «secuestro en medio del mar» y rechazado viajar hasta un puerto del Estado español por el riesgo que supondrían cinco días de travesía con 151 inmigrantes a bordo. Sí se ha dirigido por Twiter al presidente español en funciones, Pedro Sánchez, para pedirle que «tome una posición firme frente a aquellos países que incumplen las leyes y convenios internacionales y lo denuncien al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo».