En la rueda de prensa han tomado parte, además de representantes de la LDH y Bake Bidea, letrados y expertos en materia de tortura. Ello para evocar el caso de Iratxe Sorzabal, a cuya entrega ha respondido favorablemente la Justicia gala, a pesar de que las tres euroórdenes cursadas y admitidas en su contra se basan exclusivamente en su testimonio autoinculpatorio que, segun denunció, se produjo bajo torturas.

El presidente de honor de la sección Liga de Derechos Humanos, Michel Tubiana, ha remarcado que en los procedimientos judiciales relativos a la entrega al Estado español de Iratxe Sorzabal, presa irundarra recluida en la prisión parisina de Réau, «se han aportado todos los elementos probatorios posibles» en relación a la denuncia de las torturas que presentó a raíz de su detención, en 2001 en Hernani, por agentes de la Guardia Civil.

«Silenciar lo ocurrido en el pasado no es una solución y el reconocimiento de las víctimas de la tortura es una necesidad», ha aseverado Tubiana.

Por su parte, el doctor Duterte, responsable de realizar el informe, siguiendo el protocolo de Estambul, a la prisionera vasca, ha defendido «la seriedad y solvencia» de ese instrumento a la hora de «documentar la tortura». El informe realizado a Sorzabal en prisión sirvió, de hecho, para corroborar la denuncia que presentó y que la Justicia española archivó.

De hecho en la comparecencia en París han quedado de manifiesto las fallas a la hora de prevenir la tortura, además de los obstáculos para esclarecer los casos y reparar a las víctimas.

Así ha quedado de manifiesto en la exposición realizada por Laura Pego, coautora del informe sobre tortura (1960-2014) encargado por el Gobierno de Lakua y dirigido por el forense Paco Etxebarria. La investigación llevada a cabo por la UPV, desde una perspectiva científica y de base multidisciplinar, dió lugar a  un informe que recoge 4.113 casos de tortura y que se presentó en 2017. En total se realizaron en el marco de ese estudio más de 200 peritajes de tortura en base al protocolo de Estambul. Del informe, que documenta los testimonios en vídeo y audio y se nutre de miles de documentos, se desprende que la justicia es una tarea pendiente para la mayoría de las víctimas de torturas. Apenas 20 sentencias del Tribunal Supremo, que dan lugar a un vacío ya en la década de las 90, lo que, según ha remarcado Pego, «ha servido al Estado para instalar la idea de que no existe el problema». Paradójicamente, en esa década empiezan a llegar sucesivas condenas del TEDH contra el Estado español por «no investigar la tortura». Y ya en 2008 el «caso Portu-Sarasola» por el que Estrasburgo condena a Madrid por «trato inhumano».

Cuestión prejudicial dirigida a Europa

Desde el punto de vista judicial, Xantiana Cachenaut, la abogada de Iratxe Sorzabal, ha remarcado la gravedad del precedente que asienta la aceptación por Francia de unas peticiones de entrega «que se sostienen exclusivamente en unas declaraciones autoinculpatorias que han sido obtenidas mediante el uso de la tortura».

No en vano el rotativo un artículo publicado hoy en "Le Monde" remarca que el caso de Iratxe Sorzabal, actualmente pendiente de recurso en el Tribunal de Casación, «pone en apuros a la Justicia francesa». Y es que Cachenaut ha recurrido a la Corte de Casación con la solicitud expresa de que ese tribunal presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Concretamente la letrada vasca le pide a la Corte de Casación que se dirija al tribunal con sede en Luxemburgo para que esa instancia superior disipe el dilema de si un estado de la Unión Europea, en este caso Francia, debe dar curso a una euroorden cuando esta tiene como única base la declaración autoinculpatoria de la persona concernida por la solicitud de entrega.

Grégory Thuan, letrado que ejerce junto a Cachenaut la defensa de la presa irundarra ha insistido en la dimensión europea del «caso Sorzabal».

En este sentido, ha aludido «a la contundencia y credibilidad de las pruebas sobre las torturas» en las que se basó la denuncia, y ha aludido a un fallo del Tribunal de Pau que data de 2003 y que ya deja constancia del maltrato sufrido por Sorzabal y que fue evocado en otro sumario que llegó a la justicia europea.

Por ello ha recordado, cara  a las autoridades judiciales francesas, el «riesgo de flagrante delito» ligado a esa eventual entrega a la luz de todos los elementos probatorios sobre torturas, para concluir afirmando que el caso remite, sin duda alguna, a la doctrina de derechos humanos imperante en el marco europeo.