En las últimas semanas el Foro Social Permanente y Sare habían aludido a ese «lobby», pero este jueves han sido los más directamente afectados, los familiares de presos, quienes han alzado la voz para reclamar que no se le permita perpetuar el sufrimiento. En una comparecencia en Hernani, Etxerat ha denunciado los «palos en las ruedas» de un cambio penitenciario profundo.

Refiriéndose a los movimientos que se producen a cuentagotas, Patricia Velez y Urtzi Errazkin han valorado que «la presión se ha relajado un poco, pero no es suficiente. Los cambios registrados hasta ahora no responden a la demanda de la sociedad vasca, ni a la realidad del nuevo ciclo, ni a las expectativas sobre un nuevo escenario. ¿Por qué no todas y todas a Zaballa, por qué a Estremera? ¿Por qué no salen en libertad los 18 presos enfermos, los mayores de 65 años, las embarazadas y con hijos, ni siquiera en esta pandemia?».

Lo han ligado con la existencia de «sectores que quieren influir en los centros de decisión, que prefieren poner palos en las ruedas. Todos sabemos a quién nos estamos refiriendo. Es un lobby que no está por la labor de avanzar en la convivencia. Hacemos un llamamiento a las instituciones y a la sociedad vasca para que no cedan y no permitan que consiga bloquear a nuestros familiares. No se les está regalando nada, su derecho es ser traídos a cárceles de Euskal Herria y poder realizar el recorrido legal penitenciario». Entre los datos aportados hoy por Etxerat consta que el 75% del Colectivo está afrontando esa batalla legal.

Al pedírseles precisiones sobre ese grupo de presión, Errazkin ha apuntado que «hay asociaciones de víctimas pero también hay jueces, hay periodistas, de todo...». Y Velez ha añadido: «Entendemos que las víctimas tengan sus sentimientos y sus necesidades, pero un Estado de Derecho no puede permitirles que obstaculicen este camino, intentando generar una alarma a cada paso. Porque, ¿qué alarma crea que haya un grupo de presos en Logroño cuando hay uno mucho mayor en Puerto?».

La mitad, a entre 600 y 1.200 kilómetros

Los datos muestran efectivamente que hay mucho por hacer para resolver la excepcionalidad penitenciaria. De los 221 presos y presas computados por Etxerat, únicamente 17 están en Euskal Herria (de ellos tres en su domicilio en prisión atenuada).

Frente a ello, en el Estado español casi la mitad, el 49%, sigue encerrado en prisiones situadas a más de 600 kilómetros de Euskal Herria, hasta llegar a los 1.100 kilómetros de distancia, y únicamente el 32% (menos de uno de cada tres) está a menos de 390. En el francés la situación es mejor, aunque todavía un 20% está encarcelado a entre 600 y 1.100.

Desde setiembre de 2018 se ha producido el acercamiento de 74 presos y presas en el Estado español y además hay 16 anuncios no materializados todavía. Han sido traídos a cárceles vascas 15, de los que cuatro ya han alcanzado la libertad.

Menores y un nuevo preso enfermo

La pandemia ha supuesto una dificultad añadida tremenda para los familiares. Errazkin ha explicado que si bien no se han perdido muchas visitas, está siendo habitual que los allegados más cercanos (madres y padres) no puedan acudir por cuestiones de edad, temor al virus, no poder conducir ni ser llevados por otra persona que se arriesgaría a ser multada... Así que el derecho a la visita se está cumpliendo solo administrativamente, porque en realidad quien acude a la cárcel no es quien debería en primera instancia.

Se le suma que hay 89 menores obligados a viajar cientos de kilómetros para poder ver a sus madres y/o padres. Y, como es sabido, los vises están suspendidos y también ocurre con algunas visitas puntualmente, cuando se detecta algún positivo en prisión..

Una mala noticia añadida en la comparecencia es que hay un nuevo preso en la lista de los que sufren enfermedades por las que debieran estar libres: Gotzon Telleria Ugarte, de 64 años, encarcelado desde 2017 tras extraditarlo desde México y que está en Estremera (Madrid). Con él son 18 en total. Uno de ellos, Ibon Fernández Iradi, continúa aislado tras haber dado positivo por covid-19 cuando según la ley debería estar libre por su enfermedad grave.

El deterioro de la salud se deriva muchas veces de la edad avanzada y las larguísimas condenas. Según los datos de Etxerat, al acabar este 2020 habrá seis presos con más de 70 años y 37 con más de 60. Del total, 49 llevan más de 20 años entre rejas y 11 de ellos superan los 25.