El 23 de junio de 2026 no se registró ninguna muerte violenta en Culiacán, Sinaloa. Aquel día las autoridades declararon cuatro coches robados y seis levantones, que es como se conoce popularmente a los secuestros, pero ninguna muerte violenta. Una jornada tranquila, de las que no suelen ocurrir en la capital desde hace dos años, cuando se declaró la guerra que partió en dos el cártel de Sinaloa, la que fue considerada la mayor estructura criminal de México. Apenas 24 horas después se rompió la buena racha. Abel Elías Ahumada García, que trabajaba como enfermero, fue tiroteado a plena luz del día en la colonia Rosales, muy cerca del hospital general, un barrio tranquilo de casitas de dos pisos y ambiente familiar. Pasaban unos minutos de las dos de la tarde. Su cuerpo, tirado en una esquina, fue cubierto por una sábana azul mientras a su alrededor se formaba toda la comitiva que acompaña a las escenas del crimen: militares custodiando, policías mirando y un séquito de periodistas y empleados de funerarias que se comparten los detalles morbosos: que si al tipo lo habían detenido días antes, acusado de robo de medicamentos, que si es posible que anduviera trabajando para el crimen organizado, omnipresente en Culiacán, que si quién sabe por qué lo liberaron de la cárcel, que mira, ahí está su familia, seguro que en algo andaba porque la mamá no está llorando de verdad...

El día en que no hubo muertos en Culiacán tampoco fue motivo de celebración. Fue una jornada como otra cualquiera. En la colonia Guadalupe Victoria, una zona de clase media, con viviendas protegidas por vallas y cámaras de seguridad y callecitas amplias, una casa fue tiroteada varias veces al inicio de la tarde. Otra vez, los militares custodiando, los policías mirando y el séquito de periodistas. Solo faltaba el muerto. Muy cerca de ahí, un retén militar revisa los coches que pasan frente a una mansión a la que el narco ya prendió fuego hace meses. El oficial al mando tiene cara de no saber dónde está. Pregunta a los conductores qué ocurrió en aquella lujosa casa calcinada sin soltar el arma, mirando a todos lados, consciente de que en cualquier momento se puede armar la balacera. Es carne de cañón, el oficial. Un militar, posiblemente pobre, quizás llegado de estados como Chiapas u Oaxaca y abandonado a su suerte, junto con otros 6.000 soldados, para frenar una guerra que no se detiene desplegando blindados en las calles. Por si acaso, los comercios cierran a las siete de la tarde en una especie de toque de queda no declarado. Nadie quiere estar en la calle cuando llega la oscuridad. Aquí viven más de un millón de personas y la guerra no deja de ser un asunto localizado, que incomoda pero no impide seguir con el día a día, que provoca desplazamientos pero no un éxodo masivo. Se han perdido más de 3.000 negocios, según la patronal local. Algunos eran comercios encubiertos de los grupos delictivos y sus rivales los destaparon a balazos y con gasolina. Otros, la mayoría, languidecieron porque la gente dejó de consumir. Una anomalía en la ciudad que inventó el sushi culichi: una exageración con tocino, carnes de res y empanizado, muy en la línea de los excesos de antaño.

Este es el Culiacán de la guerra entre facciones de lo que alguna vez se conoció como cártel de Sinaloa, la red criminal que metió toneladas de droga a Estados Unidos y que se convirtió en símbolo del narcotráfico mexicano. Por un lado, “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el tipo que logró escapar dos veces de una prisión mexicana y que paga una cadena perpetua en Estados Unidos desde 2017, cuando fue extraditado tras su última detención. Por otro, “La Mayiza”, herederos de Ismael Zambada García, “El Mayo”, el último gran capo sinaloense y quien podía presumir de que no había pisado una comisaría hasta los 76 años, cuando fue traicionado y entregado al Gobierno de Estados Unidos.

Ambos, El Chapo y El Mayo, crearon la mayor estructura delictiva de México y llegaron a expandirse por todo el mundo. Primero fue la marihuana. Después, la cocaína. En los últimos años se especializaron en el fentanilo, la droga sintética que agravó la adicción a los opioides provocada por las farmacéuticas en Estados Unidos y que mataba a 100.000 estadounidenses al año. Sus hijos, Los Chapitos, La Mayiza, nacieron, crecieron y vivieron juntos, como juniors, como herederos del cártel de Sinaloa. En Culiacán se popularizó la idea del narco bueno, el que cuida a su población, el que no deja que la violencia que ellos mismos perpetran alcance a sus vecinos mientras se presentan como salvadores. Fueron los tiempos del crecimiento urbanístico desmedido, de los concesionarios de coches de lujo y de una economía que se disparó al mismo tiempo que La Empresa se diversificaba: drogas, migrantes, armas. Cualquier cosa que pudiera venderse. Hasta que todo cambió. El Culiacanazo de 2019 fue un aviso. Aquel día, el Ejército trató de detener a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo. La reacción del cártel fue brutal: tomaron las calles, bloquearon las avenidas e incluso amenazaron con volar con explosivos una residencia militar con las familias adentro. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que ceder y devolver al capo. El narco echó un pulso al Estado y logró su objetivo: Ovidio regresó a casa y el Estado se replegó, con el rabo entre las piernas. Al menos ese día, quedó claro quién mandaba en Culiacán. Pasarían otros cuatro años hasta que el hijo del Chapo fue nuevamente detenido y, esta vez sí, extraditado.

LA GRAN TRAICIÓN

La Gran Traición tuvo lugar el 25 de julio de 2024. Aquel día, Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del Chapo, aterrizó en Estados Unidos con una avioneta en la que también viajaba, amarrado, El Mayo, el único narcotraficante que contaba con la leyenda de no haber sido nunca detenido. Supuestamente, el patriarca había sido citado en el rancho Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, para mediar en una disputa entre el entonces gobernador de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha Moya, y Héctor Cuen, exrector de la universidad, rival político y que apareció muerto aquel día. Esa reunión nunca se celebró y el capo terminó secuestrado y entregado a Estados Unidos de la mano de Joaquín, su ahijado.

Lo contó el abogado del Mayo a través de una carta escrita por su cliente. El veterano narcotraficante acudió a la reunión creyendo que iba a ejercer de patriarca ante el poder político. Ya lo había hecho otras veces. Nadie gobierna Sinaloa sin el visto bueno del narcotráfico. Pero nada más poner un pie en la sala de reuniones, varios tipos se le abalanzaron. Sus escoltas, policías en activo, desaparecieron y a Héctor Cuen le mataron ahí mismo. La fiscalía local trató de presentar aquella muerte como un robo. Pero las pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron pronto que el cuerpo fue enterrado y que las imágenes del supuesto atraco eran un montaje. El Mayo terminó en una celda en Estados Unidos y algunos miembros de la familia Guzmán comenzaron a ser considerados testigos protegidos. Rocha Moya, por su parte, terminó acusado de colaborar con el narcotráfico por un tribunal de Estados Unidos. Dejó su cargo. Trató de regresar y ahora su futuro pende de un hilo, acosado por las autoridades del norte y abandonado por los suyos.

Dos meses después de aquella traición comenzaba la guerra: sicarios liderados por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, atacaron infraestructuras de sus antiguos socios en septiembre de 2024. En el otro bando, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán, los dos hijos del Chapo que heredaron su trozo de pastel. Desde entonces no hubo un día tranquilo en Culiacán. Las autoridades contabilizaron más de tres mil muertes violentas y otras tantas desapariciones. También decenas de viviendas atacadas, baleadas y quemadas. El Ejército se ha desplegado en las calles. Y una guerra que se esperaba que concluyera rápido, como otras guerritas intestinas al interior del cártel, se ha cronificado hasta formar parte de la vida cotidiana de Culiacán como si nunca hubiera existido otra rutina.

EL QUIJOTE EN SINALOA

«Son 22 meses que han dejado una huella; todavía no vemos la luz al final del túnel», dice Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. Fue un activista reconocido, criminalizado por denunciar los abusos de las fuerzas armadas y ahora convertido en cabeza del organismo que debería velar por los Derechos Humanos de la población en el Estado. Su despacho es un lugar contradictorio. En varias estanterías, imágenes de El Quijote, una figura que obsesiona al activista. Según Loza Ochoa, el ejemplo de alguien que luchó por sus ideales. En otro lugar, la icónica fotografía de Ernesto Che Guevara, el guerrillero argentino-cubano que simbolizó las luchas del siglo XX. Y muy cerca de ahí, en un lugar privilegiado, se observa un libro con el discurso anual del gobernador Rubén Rocha Moya, que alguna responsabilidad tiene en la guerra que desangra Sinaloa. Pero Loza Ochoa prefiere no hablar de él y entonar una especie de mea culpa colectivo que acomoda la idea de que todo el mundo hizo algo malo.

«Nos acostumbramos al tráfico, a la siembra», afirma. «La sociedad también tiene que asumir: ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos omitido?», insiste. Apunta también a Estados Unidos y a su responsabilidad en la captura del Mayo, pero vuelve otra vez a esa especie de responsabilidad comunitaria. «¿Podrá la autoridad imponer el orden? Traficar deja dinero», asegura.

Cuenta Loza Ochoa que es difícil que las familias de las víctimas presenten denuncias formales por violaciones de Derechos Humanos, que siempre desisten o que ni siquiera lo intentan. Un recordatorio: los Derechos Humanos los viola el Estado; el crimen comete delitos. Desde el inicio de la guerra, el Gobierno Federal desplegó a cientos de soldados y guardias nacionales. Había sicarios en las calles y la respuesta, desde que Felipe Calderón declaró la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, siempre es la misma: sacar militares a la calle. Desde entonces, se repiten las denuncias sobre masacres y gatillo fácil. Eso ocurrió, presumiblemente, el 19 de marzo de 2026, en un operativo desarrollado en El Álamo, el pueblo en el que nació El Mayo Zambada. Aquel día llegaron los militares a bordo de blindados y apoyados por un helicóptero Black Hawk, mataron a once personas y detuvieron a la hija del capo encarcelado. Cuando la tenían en el aire, o eso dicen, se dieron cuenta de que no tenían orden de arresto. Así que la devolvieron. Pero los once muertos ahí estaban. Como se presume que eran integrantes del crimen organizado, nadie presentó denuncia, dice Loza Ochoa. Y desplazarse hasta esas comunidades para preguntar qué ocurrió es una tarea imposible para los periodistas locales, que solo acuden a estas zonas cuando hay un operativo. Lo más probable es que nunca sepamos qué sucedió.

UN ABOGADO MUERTO POR EL EJÉRCITO

El Culiacán de la guerra es también un lugar en el que un joven abogado de 24 años sale de casa para hacer ejercicio y regresa en una bolsa de plástico. Fernando Alan Chaidez tenía 24 años y era un tipo ejemplar, según sus padres, Bryan Humberto Chaidez Osuna y Denisse Arce Rivas. Abogado, recién egresado de la universidad, pasaba la vida entre la casa y el gimnasio. Venía de ejercitarse cuando el 13 de enero de este año una camioneta artillada del Ejército lo acribilló en su coche. Su novia, Rosa Guadalupe, que viajaba con él, quedó malherida, pero se salvó de milagro. La versión oficial es que los militares perseguían a un Honda blanco que le había lanzado unos ponchallantas (unos hierros puntiagudos que sirven para reventar llantas e impedir el paso de los vehículos) y que los jóvenes tuvieron la mala suerte de viajar en un Honda blanco que los militares confundieron con el que realmente perseguían. En medio de la adrenalina, los soldados no preguntaron: apretaron el gatillo hasta que el coche quedó inmóvil y agujereado. Cuando abrieron la puerta, se dieron cuenta de que habían cometido un error.

«Nunca salía, no había probado una gota de alcohol», dice el padre. Ante la sospecha del “algo habrá hecho”, las familias erigen la imagen de la víctima perfecta: bienportado, trabajador, nunca mató a una mosca. En este caso, es posible que Fernando Alan fuera así, pero la violencia en Culiacán se mueve a través de los grises. Meses después de aquel crimen, la familia de Fernando Alan sigue esperando justicia. «Queremos que se limpie su nombre, no queremos que digan que es un delincuente», dice su madre. Por el momento hay cuatro soldados detenidos que permanecen en una prisión militar. Es algo habitual en México. Cuando un uniformado recurre al gatillo fácil y el Estado no puede garantizar la impunidad, lo recluye en una cárcel castrense. Ahí, al menos, está protegido. «Nosotros queremos llegar hasta el final. Queremos que los responsables paguen. Y no vamos a dejar de dar seguimiento al caso», reitera el padre.

No es el único caso. En México todo el mundo conoce la historia de Alexa y Leidy, dos niñas de 11 y 7 años, muertas en Badiraguato en mayo de 2025 cuando viajaban en la parte de atrás de una camioneta y fueron tiroteadas por soldados que, según aseguraron, creyeron que se trataba de criminales que escapaban. También la de Juan Carlos Sánchez Camacho, muerto en septiembre de 2024 cuando el conflicto entre facciones acababa de comenzar. Hubo una persecución y un tiroteo, y alguien trató de huir entrando en su domicilio, ubicado al norte de la capital. Los uniformados lo confundieron con uno de los sicarios que escapaba y lo dejaron morir desangrado. El entonces gobernador, Rocha Moya, lo calificó de «daño colateral».

En su última audiencia en Nueva York, antes de ser condenado a cadena perpetua, Ismael Zambada aseguró sentirse arrepentido por una vida dedicada a la violencia y pidió que las generaciones posteriores no cayesen en sus errores. No es la primera vez que lo dice tras su detención. Se trata del mismo mensaje que lanzó dos años antes, cuando se presentó por primera vez frente al tribunal que debía juzgarlo. Al mismo tiempo, su hijo Ismael, el Mayito Flaco, su heredero, alistaba un ejército que bajaría de la sierra del vecino Durango para disputar a Los Chapitos el poder en la capital. Lo dice un corrido titulado “MZ” y que cantan Grupo Aztteca, Grupo Feroz y Arely Pérez: «M Flaco no te rajes y a los que me traicionaron ahí les cobras tú la cuenta». Curiosamente, los rumores de expertos policiales hablan de una posible victoria de la facción de La Mayiza y de los supuestos intentos de los hijos del Chapo para pactar su entrega a Estados Unidos.

El mismo día en el que El Mayo entonaba su mea culpa, un joven fue secuestrado en Culiacán. Se llamaba Julio César Arredondo, tenía 21 años y trabajaba en una tienda propiedad de un familiar. Su cadáver apareció diez días después. Una muerte violenta tampoco es tan mala cifra. Ha habido días, en los últimos dos años, que se han llegado a contabilizar hasta una veintena de cuerpos regados por la ciudad. Algunos, colgados en un puente. Otros, descuartizados, con sus restos en el interior de una hielera y con mensajes amenazantes, dirigidos al grupo rival. Así se escribe el fin del cártel de Sinaloa, a través de cartulinas con faltas de ortografía en las que se advierte al contrario que será el próximo.

La nueva normalidad de Culiacán viene acompañada de atentados, muertos en una esquina o viviendas saqueadas. Históricamente, la capital sinaloense fue considerada un lugar tranquilo. La pax narca. Esa ciudad ya no existe. Culiacán ya no es el lugar de los excesos, sino la ciudad que contabiliza los días en los que no matan a nadie.