Aclarando términos: Se entiende por factura todo justificante de la entrega de bienes o de la prestación de servicios, y por factura electrónica, toda aquella factura que se expide y se recibe en formato electrónico.

Así como extender la factura es obligatorio, el hacerlo solo en soporte electrónico limita a muchas personas que, o bien, no se manejan debidamente en la red o sencillamente optan por el formato papel para su mejor contabilidad doméstica. Por ello, la expedición de una factura electrónica está condicionada al consentimiento de la persona destinataria de la misma, por lo que debe ser considerada una alternativa legal a la factura tradicional en papel. Esto es lo que recoge el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en los contratos con las personas consumidoras y usuarias: «Éstas tendrán derecho a recibir factura en papel, y se hará sin ningún coste añadido para las receptoras».

Teniendo en cuenta la normativa vigente, las empresas prestadoras de servicios a las personas consumidoras –entre las que se incluyen las de telecomunicaciones, las financieras, las de suministro de agua, las de gas al por menor y las de suministro eléctrico– deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que las personas usuarias puedan revocar, en cualquier momento, el medio o soporte por el que emite la factura la empresa, incluso si hubiesen dado el consentimiento a recibir estas facturas electrónicas.

En definitiva, la empresa prestadora del servicio no puede obligar a la persona consumidora a aceptar, como parte de la contratación, el que acepte la facturación electrónica.

Es interesante conocer estos términos normativos para sofocar rubores innecesarios cuando se nos tacha de irrespetuosos por el consumo de papel y la incidencia que esto puede llegar a tener en la tala de árboles. Hoy en día existen alternativas en el reciclado de papel y no vale la excusa. Tengamos presente que existen miles de personas sin acceso a internet o sin pericia alguna en informática.