El sindicato de la Ertzaintza SiPE hizo recientemente público un comunicado en el que afirma que «un parlamentario del grupo proetarra denuncia a un servidor público vasco por mostrarse contrario a la indignante Ley de ‘Abusos Policiales’. PNV-PSOE cómplices colaboradores».

SiPE se refiere a que mañana tendrá lugar en un juzgado de Gasteiz un juicio «por delitos leves contra el orden público» en relación con el pleno del Parlamento de Gasteiz del 4 de abril de 2019 en el que se aprobó la Ley de Víctimas de Violencia del Estado, al que acudieron como invitados del PP miembros de diversos sindicatos policiales, entre ellos el dirigente de SiPE que responde a las siglas J.C.S.

En la sesión, en la que había también víctimas de las actuaciones policiales, los agentes hicieron gestos contra el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga mientras intervenía, simulando con la mano una pistola, lo que luego dijeron que era el símbolo de Jusapol. También se levantaron y dieron la espalda al orador. Estas actuaciones del público suscitaron una bronca en la Cámara.

Al término de la sesión, representantes de los sindicatos policiales se refirieron a Julen Arzuaga afirmando que «utilizan la violencia como arma política, aunque se mude la piel la serpiente sigue siendo serpiente».

Juicio mañana

La denuncia presentada por Julen Arzuaga ha dado lugar a un juicio por un delito leve contra el orden público que tendrá lugar mañana miércoles en un juzgado de Gasteiz. Entre los ocho sindicalistas policiales llamados a declarar se encuentra J.C.S., líder y portavoz habitual del Sindicato Policial de la Ertzaintza, SiPE.

En un comunicado publicado recientemente al menos en las redes sociales, SiPE reacciona a esta llamada a declarar de su portavoz afirmando que «el mismo que pertenece a un grupo que jaleaba las algaradas calleras, al grupo que aplaude los recibimientos a los asesinos terroristas, el grupo que aplaudía el tiro a en la nuca, el grupo que se alegraba de que mayores y niños volaran por los aires por las bombas de sus amigos terroristas, ese mismo, ahora tiene la caradura, la poca vergüenza, la desfachatez, de aprovecharse de las instituciones vascas para seguir con otra forma distinta con la campaña del miedo para la que antes se utilizaban la pistola y la bomba».

Añaden que «este elemento llamó a este ertzaina ‘nazi’ y ‘genocida’, además de incluirle en un ‘lobby infecto’», ahora «tiene la poca decencia de denunciar a este ertzaina por un delito contra el orden público. ¿Será sinvergüenza este impresentable?».

Según SiPE, «el mismo que jaleaba (y puede que participara) en algaradas callejeras de la mano de los proetarras ahora dice que darse la vuelta en la grada del Parlamento (tras los asquerosos insultos que él mismo había vertido contra el público) es un delito contra el orden público. Y no le da vergüenza, ni se ha puesto rojo».

«PNV y PSOE, cómplices»

El comunicado de SiPE también asegura que «aquí hay más cómplices, los señores del PNV y del PSOE que para mayor gloria de los herederos de los terroristas hacen una Ley indignante. Ley que esperamos que sea anulada, al menos en parte, más pronto que tarde».

El escrito concluye con un párrafo que suena amenazante: «¡¡¡Sinvergüenza!!! Te lo diremos a la cara delante del juez, si es que te presentas. Allí dentro no estarán ni el PNV ni el PSOE para darte cobertura».

El comunicado, del 19 de febrero, lleva el anagrama del «Sindicato Profesional de la Ertzaintza-Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua», SiPE, acompañado del de la FEPOL, Federación de los Profesionales de la Seguridad Pública.

SiPE logró 506 votos (7,55%) en las elecciones sindicales de diciembre 2017.

Causaron «desasosiego» a las víctimas

Cuando iba a aprobarse la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado, parte de los afectados acudieron al Parlamento y se encontraron con que en la tribuna de en frente se hallaban los representantes de los sindicatos policiales que protestaban con falsedades contra la ley.

En su momento, la fundación Egiari Zor denunció el «desasosiego y la tensión emocional» que les produjo encontrarse, sin que se les hubiera advertido de ello, en frente con «las y los representantes de nuestros victimarios» invitados por el PP. Recuerdan que son víctimas o familiares de víctimas que han sufrido «vulneraciones gravísimas de derechos humanos a manos de grupos terroristas auspiciados, amparados y financiados por el Estado, y a manos de la Guardia civil, la Policía Nacional o la Ertzaintza». Criticaron «la absoluta falta de ética de quienes utilizaron a este lobby policial para ejercer presión contra una ley» que va a dotar de derechos a víctimas que durante décadas han estado «absolutamente abandonadas». I.I.