Representantes de LAB, ELA, UGT y CCOO se concentraron ayer en apoyo a Carlos Díaz, delegado sindical de LAB, despedido de Ambulancias Bizkaia por actuar en favor de las condiciones laborales y salariales de sus compañeros. Ante la delegación de Sanidad del Gobierno autonómico en Bilbo, un nutrido grupo de personas escenificaron que «los derechos sindicales caen por el retrete».

A juicio de las cuatro centrales sindicales, el apoderado de Ambulancias Bizkaia UTE, Angel Luis Martínez Calleja, «arroja los derechos sindicales y laborales por el retrete», mientras que «el Gobierno vasco y el departamento de Sanidad tiran de la cadena».

Según explicaron ayer los concentrados, se movilizaron ante el departamento de Sanidad en Bilbo «para seguir denunciando la actitud del consejero Jon Darpón ante la situación sufrida por nuestro compañero en Ambulancias Bizkaia». Recordaron en ese escenario que el gerente de esta empresa del servicio de ambulancias «no solo no se niega a readmitir al delegado de LAB despedido, Carlos Díaz, sino que además ha despedido en este momento a 35 trabajadoras más a las que tendría que haber subrogado para los servicios de Gernika, Mungia, Igorre y Ugao, entre otros municipios».

Las concentraciones en apoyo al despedido de LAB también se desarrollan los miércoles entre las 18.00 y 18.30 en el Hospital de Cruces. Representantes de las cuatro centrales sindicales aseguraron ayer que mantendrán la lucha hasta conseguir la vuelta a su puesto de trabajo del sindicalista de LAB. Todos ellos indicaron que «no entendemos la permisividad que está mostrando el Gobierno vasco y el departamento de Sanidad con la vulneración del derecho a la representación sindical, porque son ellos quienes adjudican la explotación del servicio de transporte sanitario en el ámbito de la CAV».

Con dinero público, el apoderado, en estos momentos de un conglomerado empresarial del transporte sanitario médico urgente y empresas inmobiliarias que pasan los alquileres a las varias empresas que controla, logró en 2012 un beneficio neto de 2,2 millones de euros, mientras negoció y pactó con USO una reducción salarial y unas peores condiciones laborales.

«Nos dirigimos -explicaron las cuatro centrales sindicales- al consejero de Sanidad, Jon Darpón, para que actúe con la responsabilidad que conlleva su cargo» y le pidieron que «exija al señor Martínez Calleja que readmita al delegado sindical despedido». También explicaron su exigencia a Darpón «para que impida a este empresario seguir dirigiendo la empresa con métodos que poco tienen que envidiar a la mafia, con persecución sindical, despidos, reducción salarial, empeoramiento del servicio, etc».

En este sentido, LAB, ELA, UGT y CCOO denunciaron que «mientras toman la decisión, bastante tardía ya, Martínez Calleja sigue engordando su cuenta bancaria a costa del dinero de los contribyentes».