El juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz concluyó en el auto con el que da por cerrada la instrucción de los «papeles de Bárcenas», que el PP empleó una «caja B» para el pago de retribuciones, complementos de sueldos, campañas electorales y gastos del partido. Ruz da por acreditado que al menos durante 18 años, desde 1990 a 2008, el partido se habría valido de «diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal», delitos por los que ha pedido juzgar a seis personas, entre ellas los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente del partido Cristóbal Páez, así como a los dos responsables del estudio de arquitectos Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero. Estas cuentas, añade el juez, funcionaban «a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o Cajas B».

Esta contabilidad habría sido destinada, según ha quedado «indiciariamente acreditado», a diversos fines, como el «pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido». También, «al pago de gastos generados en campañas electorales» y «al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad».

Sin embargo, Ruz matiza que la legislación española no contemplaba como delito la financiación ilegal de partidos en el momento de la comisión de la irregularidades, por lo que el PP es considerado solo responsable civil subsidiario.