Cinco familias han presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, «confiando en que reconozca la propiedad de nuestras sepulturas, donde están enterrados nuestros antepasados». Es el último movimiento de un grupo de afectados por la decisión de Bilbao Zerbitzuak (entidad pública que gestiona las competencias municipales de mercados y cementerios) de considerar que las sepulturas en el cementerio de Derio no son propiedades sino concesiones, y que por tanto se deben renovar previo pago.

Desde que se anunciara esta medida, en noviembre de 2012, estas familias han dado distintos pasos para hacer valer sus derechos. Exponen que tienen títulos de propiedad que en algunos casos se remontan a 1902, año en que se inauguró el cementerio de Derio, e incluso derechos anteriores sobre los camposantos de San Vicente y Mallona.

«Dichos títulos de propiedad fueron emitidos por la autoridad municipal competente» y «jamás declarados nulos por la autoridad», según subrayan.

Sentencias de todo tipo

Los juzgados del Contencioso Administrativo de Bilbo han desestimado ocho recursos presentados al respecto. Las sentencias se ponen del lado del Consistorio bilbaino, aunque los afectados se quejan de que los fallos son muchas veces un simpe copia-pega y que, además, hay precedentes en otros juzgados del Estado que avalan sus tesis. No reclaman indemnización alguna, pero sí que se respeten sus derechos como propietarios de las sepulturas, y que en paralelo no se pase por alto el valor sentimental e histórico que tienen estos espacios.

«A las familias como las nuestras que esgrimen sus títulos de propiedad, que fueron expedidos por el propio Ayuntamiento de Bilbao en su día, lo que pretenden es despojarnos de nuestras legítimas propiedades mediante una gran injusticia, y esto lo consideramos un expolio de sepulturas», explica el grupo de afectados. Entre otras cosas, ha hecho visible su lucha en Internet a través de la dirección www.expoliosepulturas.wix.com, y en el blog del mismo nombre.

Recuerdan que el primer reglamento del cementerio de Derio data del año 1901 y que contemplaba tanto la venta en propiedad de sepulturas como su concesión por plazos de 10 o de 25 años. Tal y como explican, este marco inicial cambió con la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, que atribuye a las entidades locales la competencia exclusiva en materia de cementerios y en base a la cual «los terrenos afectos a ese servicio de dominio público y por tanto inalienables, inembargables e imprescriptibles» sí, «pero estas disposiciones no declaran la retroactividades de sus efectos a ninguna fecha anterior a su publicación».

Es más, los afectados apuntan que muchos ayuntamientos han ignorado la normativa y continúan otorgando sepulturas y suelo para construirlas a perpetuidad o en propiedad».

Afirman, por ello, que la decisión «unilateral y arbitraria» de «convertir nuestras propiedades (sepulturas, nichos y panteones) en someras ‘concesiones’» es «una actuación administrativa que se realiza sin respeto a las normas del derecho administrativo». Para las familias, solo el afán recaudatorio justifica este movimiento y así, mantienen que sus sepulturas, que «sobrevivieron a una guerra civil, a 36 años de dictadura y a otros tantos de transición, ahora no van a sobrevivir a la codicia recaudatoria de nuestros políticos, a menos que se lo impidamos».

Los planes de Loiu

La falta de espacio tampoco es un argumento en tiempos en que la incineración sigue ganando terreno. Ahora bien, se preguntan si el problema de espacio pueda estar relacionado con la ampliación de las pistas que necesita el aeropuerto de Loiu para albergar vuelos transoceánicos sin escalas. Y llegados a este punto, apuntan que «siempre es más fácil expropiar suelo de dominio público antes que expropiar propiedades de unos titulares».