Para el lehendakari Iñigo Urkullu y su Gobierno, el corredor atlántico ferroviario «es un proyecto estratégico», argumento sobre el que anteayer reiteró su intención de hacer todo lo posible para concluir la «Y vasca». A pesar del reciente informe de la comisión oficial encargada de estudiar el Gran Proyecto Ferroviario del Sudoeste (GPSO) del Estado francés, contrario al mismo por su impacto medioambiental y por el desequilibrio territorial que conllevaría. A pesar de no estar nada claro que vaya a recibir las subvenciones europeas previstas por falta de estudios de rentabilidad. A pesar de que el Ministerio español de Fomento rebajó notablemente los datos referidos a al tiempo de los trayectos entre ciudades. A pesar de los informes de numerosos expertos que han desmentido las supuestas grandes ventajas del TAV.

Ignorando informes y ejemplos de inviabilidad hasta el punto de cerrar líneas del TAV para evitar continuar acumulando pérdidas, en otras latitudes, hay quien sigue empeñado en el despropósito. Uno de los más insistentes es el Gobierno de Gasteiz, que considera irrenunciable esa infraestructura aun cuando cada vez parece más improbable su conexión tanto por el norte como por el sur. Irrenunciable hasta el punto de no reparar en costes. Los tramos concluidos en Gipuzkoa se han encarecido una cuarta parte, lo que supone nada menos que 250 millones de euros. De momento. Cuestiones como la estimación del precio de los viajes o de la demanda parecen no tener excesiva importancia, toda vez que, según la propia consejera de Medio Ambiente, Ana Oregi, son «temas aún no analizados». Las cifras ofrecidas por quienes sí los han analizado, sin embargo, aconsejan renunciar al proyecto actual.

El empecinamiento de Lakua resulta injustificable e inadmisible, ya sea por no dar el brazo a torcer, por no reconocer que se trata de un proyecto desafortunado desde el mismo momento de su gestación, ya por mor de intereses que no se corresponden con los de la sociedad a cuyo desarrollo asegura que contribuirá.