Uber recurre a la legislación europea para mantener su servicio en la UE
La compañía intenta frenar la prohibición de su aplicación móvil «UberPOP», que pone en contacto a pasajeros y conductores particulares en la UE, al entender que el tratamiento diferente de los Estados miembros viola los principios del mercado único comunitario.

La compañía estadounidense Uber tiene presencia en más de 250 ciudades de 54 países, 19 de los cuales son de la Unión Europea, proporcionando a sus clientes una red de transporte a través de su software de aplicación móvil. Sin embargo, mantiene litigios en el Estado español y francés, Alemania, Bélgica y Holanda a raíz de las protestas del sector del taxi, que denuncia que la empresa ejerce una competencia desleal al ofrecer un servicio remunerado de transporte con conductor privado sin tener licencia.
Ahora, la empresa norteamericana ha decidido recurrir a la legislación comunitaria para frenar la prohibición de su aplicación móvil “UberPOP” en la Unión Europea, ya que, según el jefe de política de la compañía en Europa, Mark Macgann, «los Estados miembros están adoptando enfoques legales fundamentalmente diferentes sobre Uber, un servicio tecnológico. Este tratamiento diferente viola los principios del mercado único comunitario».
Asimismo, recordó que «el Tratado de la UE requiere a los Estados miembros que den a todas las compañías la libertad de ofrecer servicios nuevos de manera no discriminatoria».
La última de las quejas de Uber en llegar a Bruselas ha sido la que denuncia el comportamiento del Estado español, en concreto de las autoridades de Madrid, Barcelona y Valencia.
En un documento de 38 páginas, la compañía detalla los principios comunitarios que, en su opinión, han violado las decisiones adoptadas en dicho Estado. Uber considera que el Estado español no ha respetado la libre prestación de servicios, ni la libertad de establecimiento, así como tampoco las directivas de comercio electrónico, servicios, servicios de pago, ni el marco legal en materia de telecomunicaciones, o el principio de neutralidad tecnológica.
Por estos motivos, reclama a la Comisión Europea que abra un «procedimiento de infracción contra España inmediato» en caso de que constate que su actuación supone un incumplimiento de la legislación de la UE y que obligue a las autoridades del país a derogar todas las restricciones a la actividad de Uber.
Respuesta de Bruselas
La CE, por su parte, mantiene la misma línea que cuando recibió la primera queja de Uber contra el Estado francés en diciembre, y asegura que siempre ha apoyado el desarrollo de servicios de movilidad nuevos e innovadores con el propósito de aumentar la transparencia, dar más opciones a los consumidores y reducir los costes. Pero también recuerda que la prestación de servicios de taxi actualmente recae bajo la competencia de los Estados miembros.
La CE prevé comenzar en breve un estudio sobre el sector del taxi y los servicios de transporte con conductor privado con vistas a recabar información suficiente que permita decidir si es necesario tomar medidas a escala comunitaria y de qué tipo.

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