Más de cien organizaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa presentaron ayer en Bilbo una campaña en defensa de la renta de garantía de ingresos (RGI), en unos momentos en los que «vemos con preocupación el aumento de la vulnerabilidad social, la pobreza y la exclusión».

En este sentido, destacaron que la población en riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado del 17,9% en 2008 al 22,7% en 2014, lo que supone pasar de 385.087 personas en los tres herrialdes a 489.477.

Estos colectivos subrayaron que la puesta en marcha de la RGI en la década de 1980 ha permitido «vivir con un mínimo nivel de dignidad, a la vez que posibilitar que los índices de pobreza y exclusión sean en Euskadi inferiores a la media estatal y europea». Actualmente, 65.000 familias, 118.000 personas, se benefician de la RGI.

Ante los ataques a este sistema, estos colectivos han firmado un manifiesto en el que destacan que «la RGI es un derecho para toda la ciudadanía vasca. No se trata de una ayuda, ni de una limosna. Es un derecho regulado por ley».

«Todos y todas podemos necesitar la RGI en algún momento de nuestra vida, porque perdemos el empleo y no podemos hacer frente a los gastos habituales, porque tenemos un accidente y necesitamos hacer frente a necesidades que antes no teníamos, porque la pensión que tenemos es insuficiente para vivir, porque en un momento dado no podemos hacer frente a la hipoteca», añade el manifiesto presentado ayer.

Además, destacan que el sistema de la RGI «favorece una sociedad vasca cohesionada, más justa e igualitaria» y «contribuye al crecimiento económico de la sociedad vasca» y subrayan que «el coste de la protección social es una inversión a medio y largo plazo».

Ante los ataques contra la RGI, los firmantes de este manifiesto reclaman «un sentido de proporcionalidad en la lucha contra el fraude», recordando que las irregularidades en este sistema se estiman en el 0,3%, mientras que el fraude fiscal llega al 25%. Además, subrayan que es la administración la responsable de la buena gestión de los servicios públicos.

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran grupos como REAS, Caritas, Fundación Gizakia, Médicos del Mundo, la Comisión Anti-Sida de Araba, SOS Racismo, la Coordinadora de ONGD de Euskadi, Emaús Bilbao, la Asociación Atawasol Vasco-Maghrebi, Fundación Secretariado Gitano o Unesco Etxea, además de los grupos políticos PNV, PSE y EH Bildu.