El equipo de gobierno de Gasteiz (PP) insistió ayer en la necesidad de mejorar el actual modelo de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de forma que solo puedan cobrar esa ayuda los que tengan «residencia legal» en el Estado español, porque, sostuvo, hay fraude y se da un «efecto llamada» entre los inmigrantes.

Por el contrario, el pasado lunes la comisión especial sobre ayudas sociales del Ayuntamiento constituida en noviembre para determinar si hay o no fraude en el cobro de las ayudas sociales, tal y como asegura el PP, concluyó que esas acusaciones son falsas. Es más, según el borrados de las conclusiones, el actual sistema de prestaciones ha supuesto «una buena herramienta» frente a la crisis económica. El texto concluía que la filosofía de las ayudas es «incuestionable» y que no deben limitarse ni mermarse, sino «incluso ampliarlas».

Sin embargo, el Gabinete de Javier Maroto insiste en que «hay supuestos que generan grandes injusticias, la mayoría relativos a cuestiones de patrimonio».