Dicen que vivimos la era del fútbol y el petróleo. Por ese orden. Y no les falta razón. Que el cuero deje de rodar supone un contratiempo de tales dimensiones que hasta el poder judicial se ve inmerso en la toma de decisiones para que la pelotita siga dando vueltas sin tregua. A Ricardo Bodas, presidente de la sala de lo social de la Audiencia Nacional y que en su momento fue abogado de CCOO, le cayó la patata caliente de decidir sobre la huelga planteada por la AFE, acogiéndose esta última organización a un derecho que –parece ser– está recogido en la Constitución española.

Poca cosa comparado con las repercusiones económicas y sociales de un previsible parón, debió pensar el alto tribunal, que decidió dar cobertura en forma de auto a las tesis de la patronal futbolística, encabezada por el presidente de la LFP, Javier Tebas. Con un matiz, eso sí, que fue condicionar la suspensión de la huelga al depósito por parte del organismo que aglutina a los clubes de una caución de cinco millones de euros, algo que se materializó antes de las 15.00 de ayer, hora límite.

El «grave desorden organizativo» fue uno de los principales argumentos que esgrimió la Audiencia Nacional para justificar su dictamen, dado que «se ha probado que la celebración de la huelga impediría concluir el campeonato de Primera y Segunda B en las fechas indicadas». «Así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas, sin olvidar que AFE anunció que se reservaba la ampliación de los días de huelga iniciales, lo que nos permite concluir que, si no se adoptara la medida solicitada, se producirían situaciones que impedirían o dificultarían gravemente la tutela judicial que pudiera otorgarse caso de una eventual sentencia estimatoria», añadió.

En cuanto al derecho fundamental a la huelga aportado por el sindicato de futbolistas, el tribunal opone que «si el ejercicio del derecho de huelga quedara blindado absolutamente, aunque concurrieran indicios sólidos de ilicitud de la huelga, se lesionaría claramente el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante».

Del mismo modo, desestimó la tesis de dicho sindicato respecto a que la LFP no llegó a cifrar una posible caución, entendiendo la Audiencia Nacional que sí lo hizo, cifrándola en cinco millones de euros, «sin que dicha cifra se cuestionara por AFE, quien no propuso ninguna otra, limitándose a mantener su rechazo frontal a la medida por el incumplimiento formal antes dicho», afirmó el auto.

El escrito, firmado por los magistrados Ricardo Bodas, Emilia Ruiz-Jarabo y Ramón Gallo, subrayó que la decisión de aceptar la medida cautelar es «un juicio provisional, que podría ser modificado, en su caso, cuando se entre a conocer la demanda principal». Contra esta decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

RFEF y AFE acatan el auto

Tanto la RFEF como la AFE optaron por acatar el auto judicial. La Federación emitió un comunicado en el que señalaba que «las competiciones se disputarán de acuerdo con el calendario y horarios previstos inicialmente, alzándose la medida acordada el pasado 6 de mayo».

Por su parte, el presidente del sindicato de los futbolistas, Luis Rubiales, aceptó la decisión, si bien criticó que se estimase la cautelar porque «lo hace por una supuesta posibilidad de ilegalidad de uno de los preceptos que había en la huelga y no entra a considerar lo demás», además de señalar que tras el dictamen judicial, «los problemas siguen siendo los mismos».

Reforzado en sus tesis, el máximo dirigente de la LFP, Javier Tebas, manifestó que «se ha hecho justicia porque estábamos ante un compincheo entre la RFEF y la AFE», a la par que no perdió ocasión para atizar a Ángel María Villar. «El presidente de la RFEF es el primero que sobra en su castillo cerrado», apuntó. N.M.