Los hechos a los que hacen referencia los sindicatos y organizaciones sociales que forman la acusación popular se refieren al primero de los tres años en que Mikel Cabieces cobró más de 6.000 euros al mes de Iberdrola y Kutxabank, periodo en el que, según la denuncia, también percibió 14.000 euros de la prestación por desempleo.

Según consta en las actuaciones que lleva adelante el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbo y en las que están imputados, además de Cabieces, el expresidente de Kutxabank Mario Fernández y el responsable del bufete de abogados que le contrató, Rafael Alcorta, en el periodo de marzo de 2012 a marzo de 2013 ingresó 65.450 euros de Iberdrola y 49.956 de Kutxabank, lo que no fue obstáculo para que simultáneamente percibiese los 14.000 euros de la prestación por desempleo.

La acusación popular responsabiliza por ello a Cabieces de «emplear dinero público para beneficio personal» y sostiene que esta actuación puede constituir «un delito penal por percepción indebida», del que Cabieces «era consciente, dada su condición de abogado y delegado del Gobierno».

El afectado salió al paso de estas acusaciones y señaló que, tras dejar el cargo de delegado del Gobierno español, en enero de 2012, solicitó la prestación por desempleo y que lo percibió durante mes y medio, hasta el 1 de marzo, ya que ese día se dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para ejercer como abogado.

Cabieces afirma por ello que «es rotundamente falso» que a partir de esa fecha percibiera cantidad alguna en concepto de prestación por desempleo, una circunstancia que califica de «imposible, porque si se está de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social saltan los indicadores en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), antiguo INEM».

No obstante, admite que el 28 de febrero solicitó al SEPE que le abonase mensualmente las cotizaciones de la Seguridad Social del régimen de autónomos con cargo al desempleo pendiente, petición que le fue aceptada el 23 de marzo.

Por ello, el exdelegado del Gobierno considera que las manifestaciones de la acusación popular «son rotundamente falsas y calumniosas», y se encuadran «dentro de un periodo electoral en el que utilizan la mentira como herramienta».

Además, advierte de que se reserva «todas las acciones legales oportunas frente a quienes han realizado esas falsas y tendenciosas acusaciones calumniosas».