Muskiz ha adquirido en esta campaña electoral cierto protagonismo de la mano de la candidatura del PNV, y no se debe precisamente a las propuestas que dan a conocer a sus vecinos o al anuncio de alguna inversión millonaria. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo dictó el 7 de mayo la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación contra el exalcalde Gonzalo Riancho, que lo fue por EA y que ahora ocupa el sexto lugar en la papeleta jeltzale como independiente. El aspirante a renovar el acta de concejal podría ser condenado a una pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Desde Sabin Etxea ni se plantean prescindir de quien con su apoyo, desobedeciendo a la asamblea local de EA, les permitió gobernar este mandato. Se escudan en que no es un caso de corrupción y que Riancho concurre como independiente. Él aduce que es un «error administrativo», aunque las pruebas apuntan claramente a una ilegalidad de la que le advirtió el interventor municipal.

Todo partió de una denuncia interpuesta por la agrupación Por Muskiz Bai, que se presenta como acusación particular y fue quien en 2013 desveló el asunto. La fiscal considera en su informe que Riancho procedió ilegalmente cuando era alcalde. «A sabiendas de su ilegalidad, adjudicó verbalmente» a la empresa Gehilan 2000 SL la gestión de cursos y organización de cursos de verano en 2010 y 2011 en el Centro de Formación Somorrostro, vinculado a la diócesis de Bilbo, «sin cumplir el proceso administrativo previo de contratación».

El alcalde también está imputado

El del tránsfuga no es el único caso que se sigue en los juzgados, pues quien aspira a repetir como primer edil, Borja Liaño, también tiene abierto un procedimiento penal por denegar a la concejal de Biltzen Rut Martínez –ahora candidata a la Alcaldía por EH Bildu– el expediente relativo al nombramiento de la aparejadora interina municipal. Esta designación fue anulada posteriormente por otro juzgado al estimar que era contraria al ordenamiento jurídico.

La Audiencia de Bizkaia ordenó en mayo de 2014 continuar con la causa contra Liaño al entender que existen indicios de que el alcalde «pudo haber impedido el ejercicio de los derechos constitucionales» a la edil soberanista. En el auto se incidió en que Liaño impidió el acceso a información vital para que ejerciera su labor de oposición «careciendo de motivación alguna» para ello.

En octubre, el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo tomará declaración a la corporativa perjudicada. En caso de ser condenado, Borja Liaño se enfrenta a una pena de entre uno y cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El último escándalo que afecta a un candidato del PNV en Muskiz es el protagonizado por Unai Landaburu, actual teniente alcalde y delegado de Medio Ambiente, al que la dirección de la empresa en la que está empleado le suspendió 15 días de empleo y sueldo, además de obligarle a devolver la cantidad desviada, por falsificar una factura de un curso de euskara inexistente con cargo a un fondo cultural que disponen los trabajadores de Unilever. Landaburu, miembro del comité de empresa, dimitió de sus funciones sindicales después de que transcendiera la gravedad del caso aunque, según ha podido saber GARA, trató de que no se conociera hasta después de los comicios locales.