La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado paraguayo a proteger la vida y la integridad de la niña de diez años embarazada de cinco meses tras ser presuntamente violada por su padrastro, detenido y encarcelado por estos hechos.

Este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con sede en Washington pone de relieve las conclusiones del informe elaborado por una junta médica compuesta por siquiatras y sicólogos, que el pasado 12 de mayo concluyó que Mainumby tiene cuatro veces más posibilidades de morir por el embarazo que una mujer adulta. Actualmente, la menor pesa 34 kilos y padece desnutrición y anemia.

Incidió en que, en caso de continuar con el embarazo, la niña tendría 1,6 veces más riesgo de sufrir hemorragia post parto, 4 veces más de riesgo de infección endometrial, 1,4 veces más de riesgo de padecer anemia y 1,6 veces más de sufrir eclampsia, infecciones sistemáticas y riesgos en su futuro reproductivo. Recomendó la interrupción del embarazo y evitar la revictimización de la niña.

Basándose en este informe, la CIDH considera que se cumplen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para solicitar al Ejecutivo paraguayo que proteja la vida de la menor, garantizándole acceso a un tratamiento médico adecuado para su situación y permitiéndole decidir.

Exige a Paraguay que adopte las medidas necesarias para que la menor cuente con todos los apoyos técnicos y familiares para proteger sus derechos. Y fija a Paraguay un plazo de 72 horas para que detalle las medidas de protección adoptadas.

A principios de mayo, un panel de expertos de la ONU denunció la actuación de las autoridades que, según remarcó, «ha resultado en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña, así como su derecho a la educación». Deploró que el Estado no haya tomado «medidas para proteger su salud, integridad física y mental e incluso su vida». En agosto de 2014, la Justicia rechazó investigar una denuncia por abusos interpuesta en enero de ese año por la madre de la menor ante la Fiscalía. Asimismo, el sistema de salud público tardó tres meses en averiguar la causa de los dolores continuados y vómitos que presentaba la niña.