Pero qué imagen de nuestra democracia deben tener las tres hijas de este hombre?». Un vecino del barrio barcelonés del Raval se refería así en una asamblea vecinal a Maroof Ahmed Mirza, vecino del barrio de origen paquistaní que sigue cumpliendo condena en la cárcel de Brians por un supuesto delito de «terrorismo». Maroof es el único que sigue preso del total de 11 vecinos del Raval condenados en 2009 por pertenecer, supuestamente, a una célula yihadista que pretendía atentar en Barcelona. Ahora, una investigación periodística financiada por Periodism Fund ha demostrado que el testimonio clave en el que se basó la condena fue ofrecido por un turbio personaje buscado en Pakistán por tráfico de personas, y que además colaboraba con los servicios secretos franceses.

Rebobinemos. En enero de 2008 se desató en el Raval una operación político-judicial con los ingredientes de las grandes ocasiones. La policía irrumpió en numerosas casas y locales del barrio deteniendo a 14 personas y asegurando haber desarrollado una «operación antiterrorista de primer orden». Aunque los servicios secretos de la mayoría de países europeos no dieron mayor relevancia a la alerta, las principales cabeceras catalanas y españolas no tardaron en sumarse a los anuncios del apocalipsis. Lo hicieron citando fuentes cercanas a la investigación que, evidentemente, no eran sino fuentes exclusivamente policiales, como han reconocido algunos de los periodistas estos últimos días. «Abortado en Barcelona un gran atentado de Al-Qaeda», tituló “El Periódico”; «Cae una célula islamista que quería atentar en Barcelona», abrió “La Vanguardia”; «11M frustrado en Barcelona», siguió el ‘Avui’. Tras la operación policial y el eco mediático, entró en acción la Audiencia Nacional, que otorgó credibilidad a la investigación policial e inició el proceso judicial en el que, un año más tarde, resultaron condenados a siete años de prisión 11 de los detenidos.

De forma paralela al guión oficial, vecinos del barrio que conocían a los detenidos y medios como “La Directa”, “Vilaweb” e incluso el británico “The Guardian” comenzaron a tirar de los cabos sueltos que presentaba el caso, planteando numerosos interrogantes que el juicio y la sentencia posterior no hicieron sino aumentar. Y es que, por poner un ejemplo, una de las principales armas requisadas por la policía durante la operación fue descrita por un perito de los TEDAX como «bengalas poco peligrosas, para niños de ocho años». Preguntado durante el juicio sobre la mortalidad del arma, el perito añadió: «Quizás si le pones metralla y perdigones y tienes la mala suerte que te toque en un ojo, sí que te mata».

De infiltrado a arrepentido

Con semejantes pruebas materiales, el tribunal se tuvo que aferrar a un único testimonio para dictar la sentencia condenatoria. Ese testimonio fue el de Asim, identificado durante el juicio como F1. Fue uno de los 14 detenidos en 2008, aunque rápidamente se le aisló del resto. Primera de muchas irregularidades. Otro elemento incomprensible fue que la Fiscalía presentó primero a Asim como un infiltrado que destapó la célula; una versión que cambió rápidamente, ya que en el juicio fue presentado como un yihadista arrepentido y, por lo tanto, como testigo protegido. Un cambio que elevó el caché de su testimonio. Ya entonces la defensa de los acusados, encabezada por el abogado Benet Salellas, preguntó durante el juicio a Asim si colaboraba de algún modo u otro con la policía, algo que el supuesto «terrorista arrepentido» negó rotundamente.

Mientras los condenados cumplían la condena y el caso se sumía en el olvido, en 2011 un cable filtrado por Wikileaks puso encima de la mesa las sospechas de la defensa. El cable contenía la transcripción de una conversación entre miembros de la Embajada estadounidense y el fiscal del caso, Vicente González Mota, en el que reconocía sin problema alguno que Asim «no tenía vínculos con Al Qaeda» y que en realidad era un agente encubierto de un tercer país.

Este cable puso en marcha la investigación periodística que finalmente vio la luz esta semana y que confirmó que, efectivamente, Asim trabajaba para los servicios secretos franceses. La investigación, publicada por “InfoLibre” y “El Periódico”, añade que, a cambio de dicha colaboración, a Asim le dejaban «manga ancha en sus turbios negocios como estafador y traficante de personas», motivo por el cual está perseguido por la justicia de Pakistán.

La publicación de esta nueva información, que apunta a un intercambio de favores entre servicios secretos, llevó esta semana a los afectados (ocho de los cuales fueron deportados tras cumplir la condena) a pedir la revisión del caso. En una comparecencia en el Parlament, a la que asistió uno de los condenados, Salellas señaló que «debería ser la Fiscalía quien abriese de oficio un procedimiento penal contra F1, lo citase a declarar como imputado y lo condenase por falso testimonio». «Eso abriría la puerta a la revisión del caso en el Tribunal Supremo», añadió el abogado, quien dejó claro que «si no es así, lo que no haremos es quedarnos de brazos cruzados, instaremos a las autoridades judiciales europeas para que fuercen una revisión del caso».