La sentencia de la Audiencia Nacional sobre indemnizaciones a víctimas de la guerra sucia cosechó ayer las críticas de la mayoría de fuerzas políticas, con la excepción del PP. Hoy, la Fundación Egiari Zor ofrecerá su valoración en profundidad de la resolución del tribunal especial.

Ane Muguruza será una de las familiares de personas fallecidas que comparecerá. Entrevistada ayer en Radio Euskadi, remarcó que no existe sentencia alguna en la que «se condene a mi aita, ni a mi ama ni a mí». «Encima se nos nombra a nosotras también como si tuviéramos algún vínculo con ETA. Eso es mentira, porque no existe sentencia alguna para probar eso», denunció la joven.

En su controvertida resolución, la Audiencia Nacional afirma que Josu Muguruza «asumió tareas o funciones» en la organización armada y que, aunque la causa se archivó, su esposa, Elena Bartolomé, fue detenida por colaboración con ETA mientras su hija Ane estuvo imputada por «enaltecimiento».

La hija del que fuera diputado de HB, muerto en una acción de guerra sucia en Madrid en 1989, calificó la decisión del tribunal especial de «verdadera vergüenza» ya que «no hay nada más que mentiras».

Desde el ámbito político, el diputado de Amaiur Iker Urbina incidió en que esta sentencia «responde a motivos políticos» y denunció que la base para no indemnizar «sean informes policiales realizados por Cuerpos de Seguridad del Estado cuyos miembros intervinieron en el asesinato de esas personas».

«No es de extrañar que la AN excluya y menosprecie a una parte de las víctimas del conflicto vasco» porque, a su juicio, «siempre lo ha hecho». Urbina defendió el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, «sin excepción alguna». «Ese es el camino que nos llevará a la convivencia», concluyó.

También desde el Congreso, el portavoz jeltzale de Justicia e Interior, Emilio Olabarria, calificó la sentencia de «aberrante jurídica y moralmente», al tiempo que instó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a que «la repare». El diputado señaló que «vulnera la Ley Integral de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo, el Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». Además, consideró «particularmente preocupante» que la sentencia «insinúa que los crímenes de los GAL cuando fueron cometidos contra miembros de ETA no deben considerarse delictivos» e insistió en que este asunto «requiere una reparación indispensable».

Por su parte, la secretaria general del PSE consideró «incomprensible» la decisión. Idoia Mendia aseguró que las decisiones relacionadas con las víctimas, «sean estas quienes sean», deben atenerse a los principios de «justicia, verdad y reparación» y también el de «igualdad entre todas las víctimas del terrorismo». «Por lo tanto, personas que no han sido condenadas con sentencias firmes ni se les conoce vinculación con el terrorismo no pueden tener esta discriminación», argumentó.

Mendia recordó que entre las víctimas de los GAL a las que se ha denegado la indemnización se encuentra José Antonio Lasa, cuya familia «está implicada en generar espacios de convivencia en Euskadi, que es donde más hemos sufrido el embate terrorista de ETA».