Este es solamente uno de los numerosos casos que se producen cada día en este país asiático, donde los agentes policiales salen a la caza de quienes el Gobierno considera «indeseables». Se trata de redadas en las calles de Phnom Penh y de otras ciudades camboyanas, que tienen como objetivo arrestar sin ningún tipo de acusación a personas adictas a las drogas, mendigos, trabajadoras del sexo y enfermos mentales.

Las operaciones de este tipo son orquestadas por el Gobierno del Reino de Camboya, dirigido con mano de hierro desde hace 30 años por el primer ministro y exmilitar de los Jemeres Rojos, Hun Sen. En las últimas semanas, estos arrestos arbitrarios se han multiplicado, tal como sucede cada vez que hay una celebración pública o fiesta nacional. Así lo denuncia la organización Human Rights Watch (HRW), que cuantifica en 100 las personas detenidas sin cargos en la capital camboyana, después de que en la semana del 15 de junio el país celebrase el 78 cumpleaños de la reina madre, Monineath Sihanouk, y el funeral por la muerte a los 82 años del presidente del Senado y miembro del gobernante Partido del Pueblo de Camboya, Chea Sim.

Concretamente, el Ejecutivo mandó a la policía detener a niños de la calle, mendigos, prostitutas y enfermos en el marco de su política de enviar a los «indeseables socialmente» al Centro de Asuntos Sociales de Prey Speu, en Phnom Penh, y otros centros de detención fuera de la ciudad. Según HRW, entre los arrestados se hallaban menores de entre dos meses y quince años que junto a varios adultos fueron hacinados en habitaciones de cinco por cinco metros.

La justificación del Gobierno es que estas personas van a ser sometidas a la «reinserción social» o a la desintoxicación de drogas, si bien la realidad es otra, tal como revela esta organización y la Liga Camboyana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Licadho). Ambas entidades, al igual que han hecho muchas otras, han documentado casos de tortura y de trato «cruel e inhumano» en estos centros de detención, sobre todo, en el de Prey Speu, que acoge al mayor número de personas y en los que, según censuran, son una práctica habitual las violaciones y la violencia sistemática.

Muertes violentas

Solo en 2014, según el informe anual del Departamento de Asuntos Sociales de Phnom Penh, 445 de las 539 personas sin hogar recogidas en las calles fueron confinadas en Prey Speu, donde hay documenta- das, al menos, tres muertes violentas desde que abriera sus puertas en el 2004. La última se produjo en noviembre del pasado año, cuando un hombre falleció tras ser arrestado pocos días antes de que el país celebrara la fiesta anual del agua. Pese a que murió después de que las autoridades le negasen tratamiento médico, no hubo ninguna investigación.

Según Licadho, esta detención se produjo en el marco de una macrooperación dictada por el gobernador de Phnom Penh, Pa Socheatevong, y llevada a cabo por la Policía y por contingentes de la «parapolicía» dedicada al orden público. A lo largo del país, hay hasta seis centros de detención destinados, en principio, a la rehabilitación de drogodependientes, si bien en ellos malviven cada año una media de 2.000 personas de sectores marginados que fueron arrestadas en plena calle y sin ningún tipo de orden judicial. Uno de ellos se encuentra incluso en una base militar de la ciudad de Koh Kong.

El colectivo más afectado es el de las prostitutas, muchas de ellas menores de edad, tal como lo constata el informe “Fuera de las calles: Detención arbitraria y otros abusos contra las personas que ejercen el trabajo sexual”, elaborado por HRW en 2010 y que describe una realidad que no ha cambiado nada en los últimos años. Concretamente, se entrevistó a 90 trabajadoras sexuales y personas transgénero de varias ciudades que denunciaron ser víctimas de abusos, palizas, extorsión y violación a manos de las autoridades. Esta situación se agravó con la ley que el Gobierno aprobó en el 2008, sobre la trata y la explotación sexual, que criminaliza todas las formas de trata de personas y que es empleada para arrestar a las prostitutas en redadas que se llevan a cabo en las calles y en los parques.

HRW elaboró otro documento, titulado “La piel en el cable”, centrado en los abusos en los centros de detención de drogodependientes en los que acaban los «indeseables» para el Gobierno y que, según el informe, son torturados con descargas de porras eléctricas, golpeados con palos y obligados a trabajar en obras, incluyendo al menos en un caso, la construcción de un hotel. En un país en el que una tercera parte de los 15 millones de habitantes vive con menos de un dólar al día, la élite gobernante no desea ver esta realidad en las calles, si bien el propio director del Departamento de Asuntos Sociales, Son Sophal, reconoció a la prensa local que la mayoría de las personas llevadas a la fuerza a Prey Speu «escapa pronto», algo que dice «no entender».