Los caseros ingleses deberán expulsar de su vivienda a los inmigrantes que pierdan el derecho de residencia en Gran Bretaña, sin necesidad de autorización judicial, según nuevas medidas anunciadas ayer por el Gobierno británico. El ministro de Comunidades, el conservador Greg Clark, anunció que la próxima ley de Inmigración obligará a los propietarios de inmuebles a expulsar a los inquilinos que estén en situación irregular.

Según esta medida, los caseros tendrán que asegurarse en primera instancia de que no alquilan sus propiedades a personas sin derecho a residir en el Gran Bretaña.

Además, en caso de que los inquilinos pierdan posteriormente su permiso de residencia, les caduque el visado o se les deniegue la petición de asilo, los podrán expulsar de la vivienda, en algunos casos sin necesidad de autorización judicial.

El Ministerio de Interior comunicará a los caseros el nombre de los solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada y que por tanto no tienen derecho a quedarse en el país.

La Ley de Inmigración, que solo se aplicará en Inglaterra –otras regiones británicas tienen su propia normativa–, penalizará a los caseros que no efectúen las comprobaciones necesarias antes de alquilar su propiedad o no expulsen a los «sin papeles». La sanción puede ser una multa o una pena de prisión de hasta cinco años.

La presión sobre los caseros para que «colaboren» va más allá, y las autoridades municipales contarán con una lista de los caseros e inmobiliarias que han incumplido la normativa para poder tener controlada su actividad y prohibirles alquilar propiedades. También se prevén medidas para castigar a los caseros que exploten a inmigrantes en situación irregular y les alquilen pisos y viviendas en malas condiciones.

«Estamos decididos a combatir con fuerza a los caseros que hacen dinero de la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración», señaló Clark. Además, el Gobierno ha sometido a consulta una nueva normativa para retirar la ayuda económica que se concede a las familias de solicitantes de asilo fallidos, de las que hay unas 10.000 en Inglaterra. Con estas medidas, el Gobierno quiere mostrar mano dura contra la inmigración tras recibir presiones por su gestión de la crisis en el puerto francés de Calais, donde decenas de personas tratan de entrar clandestinamente en el eurotúnel a diario para llegar a Inglaterra. El Gobierno de David Cameron ha hecho bandera de la lucha contra la inmigración, tanto regular como irregular, asumiendo las demandas –e incluso el lenguaje– de los sectores más reaccionarios del país, ante los que ha prometido proteger las fronteras de la «plaga» de inmigrantes que busca llegar a suelo británico.

Sigue la tensión en Calais

En la noche del domingo al lunes se registraron unas 1.700 tentativas de entrada de inmigrantes a través del túnel de la Mancha. Alrededor de un millar fueron rechazados en los alrededores del eurotúnel y otros 700 interceptados en el interior, según las fuerzas de seguridad francesas. La situación ha llegado a momentos dramáticos, incluidas las muertes de diez personas desde junio.

El Gobierno francés ha enviado refuerzos policiales, mientras que Londres ha anunciado un gasto de diez millones de euros en aumentar las medidas que impiden el acceso al eurotúnel, con el envío de agentes de seguridad y perros, y la construcción de una nueva valla.

Desde la derecha francesa, Henri Guaino, de Los Republicanos, pidió a «los ingleses que asuman su parte del peso». «No hay ninguna razón para que estas personas que quieren ir a Inglaterra se vean almacenadas –sí, me atrevo a decirlo porque es prácticamente así– en Francia. Esto no puede continuar así», declaró. A su vez, el exministro François Bayrou criticó que «Francia se haya convertido en el policía de fronteras de Gran Bretaña».

Por su parte, la Comisión Europea dijo «estar al corriente de que la situación se deteriora» y alabó la cooperación entre ambos países, a la vez que reclamó «una mayor solidaridad y responsabilidad en la forma de tratar la presión migratoria en Europa».

Muere asfixiado en el interior de una maleta

Un magrebí de 27 años murió por asfixia dentro de una maleta en la que se había ocultado para intentar entrar en el Estado español haciendo la travesía en barco de Melilla a Almería en el interior del coche de su hermano. El domingo, pasadas las 20.00, cuando el buque hacía su entrada en el puerto de Almería, más de cinco horas después de su salida de Melilla, el propietario del vehículo bajó a la bodega para desembarcar con su coche, momento en el que avisó de que su hermano estaba en la maleta con síntomas de asfixia. Los servicios sanitarios del barco y posteriormente una ambulancia intentaron reanimar al joven, aunque ya había fallecido. Su hermano tiene pasaporte francés aunque es de origen marroquí, y fue detenido.

Por otro lado, la policía húngara interceptó a 4.491 inmigrantes durante el pasado fin de semana en las provincias del sur del país, cuando intentaban cruzar la frontera. La gran mayoría entraron desde Serbia y proceden de Afganistán, Siria o Pakistán.GARA