Debe ser un buen negocio ser la productora de cabecera de algún partido que ocupe durante años las televisiones públicas. A veces se confunden los negocios con la financiación de los partidos, pero eso está planteado así desde el inicio de la confiscación de la libertad de expresión audiovisual desde instituciones públicas. Recuerdo la sorpresa de un dirigente de la IA cuando fue a una reunión después de apoyar a un lehendakari y le pidieron de entrada cuál era su productora, para encargarle programas.

Cuando se ven las empresas que casualmente tiene más programas en cada ente público, es muy fácil saber dónde acaban las conexiones. Siempre hay una que no es del régimen directamente, pero es de algún partido que apoya en los parlamentos respectivos a lograr la mayoría de gobierno. También existen unos pequeños porcentajes de libre competencia. Es un decir. Una forma de no dibujar el panorama muy negro. Porque las decisiones no se toman ni de manera economicista, ni por el bien común, ni para lograr audiencias sino dentro de una amalgama de intereses cruzados, orientaciones partidistas y enriquecimientos muy bien dirigidos.

Es un negocio para unos pocos. Lo está viendo el actual gobierno de Valencia que intenta volver a poner en marcha Canal 9 y se encuentra con una situación caótica, con deudas insalvables y con un reguero de comisionistas y productoras que sirvieron para enriquecer a reconocidos sospechosos habituales. Las cifras que pagaban a tertulianos y productores de la trama son de manual de la corrupción. En las privadas del duopolio existen contaminaciones, injerencias del poder, pero en cuanto a la contratación y programación se rigen por criterios más estrictos de cuenta de resultados porque el negocio está por encima de todo. O eso parece.