El calvario del ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina no ha hecho más que empezar. Pese a los alegatos que hizo el pasado viernes su abogado, César Calderón, el juez Miguel Ángel Gálvez le ha procesado por tres delitos en el caso de corrupción de la Línea.

El magistrado considera que se debe investigar a Pérez Molina por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, ya que no tiene dudas de que formaba parte de una organización criminal corrupta destinada a «tomar» la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Durante una audiencia celebrada en Guatemala, el juez desgranó en tres horas todas las pruebas que apuntan a Otto Pérez Molina como responsable de un grupo criminal, tal como lo demuestran numerosas conversaciones telefónicas y documentos intervenidos por el Ministerio Fiscal. Así, el juez estimó que hay indicios suficientes para imputar por los citados delitos a Pérez Molina, quien desde el jueves se encuentra preso en la prisión militar de Matamoros. Al cierre de esta edición, el juez aún dirimía sobre la petición que hicieron el Ministerio Fiscal, la SAT, la Procuraduría General de la Nación y el Comité Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para que se dictara prisión preventiva contra Otto Pérez Molina por «riesgo de fuga y de obstrucción para la averiguación de la verdad».

Así, consideran que el exmandatario debe permanecer en prisión para evitar que destruya pruebas e influya en los testigos e incluso en las personas que están dadas a la fuga. El juez detalló durante su exposición que en el Gobierno de Otto Pérez Molina se creó una organización criminal para defraudar cantidades ingentes de dinero a través de la entrada de las mercancías por las principales aduanas del país. Para ello, señaló que se creó toda una «estructura criminal» que consistía en cobrar sobornos a quienes importaban mercancía a Guatemala evitando así que el Estado recaudara el dinero correspondiente.

Finalmente, Gálvez precisó que «en ningún momento» responsabiliza a Otto Pérez Molina de los citados delitos, sino que pretende que la Fiscalía pueda investigar.

Una red de medio centenar de implicados

La red, que tenía como jefe operativo al prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, se habría apoderado de al menos 29 millones de quetzales (3,7 millones de dólares) producto de los sobornos por la defraudación aduanera, según la acusación de la Fiscalía. No solo ganaban los que estaban implicados en la organización corrupta, sino también aquellos que importaban materiales y que veían cómo pagando «mordidas» eludían abonar los impuestos oficiales. El juez indicó que se llegaron a crear hasta ocho cuentas bancarias a las que iba destinado el dinero defraudado que solo permanecía un máximo de dos días en los bancos, ya que a continuación era repartido entre los implicados.  Concretamente, la mitad iba destinado a lo que se denominaba la estructura y el resto para el 1 y el 2, que todo apunta a que se refería a Otto Pérez Molina y a Baldetti. El juez especificó que esta estructura estaba conformada por medio centenar de personas. GARA