Aunque el tema está sobre la mesa hace meses, realmente tan solo han transcurrido unas semanas desde que el prefecto iniciara oficialmente el proceso de consulta sobre la nueva organización territorial de Ipar Euskal Herria. En esta primera fase, los electos locales y la Comisión Departamental de Cooperación Intermunicipal (CDCI) –en la que, por cierto, el número de representantes vascos (15) está muy por debajo del de los bearneses (32)– deberán dar su opinión sobre el planteamiento del prefecto; a saber, la constitución de una mancomunidad (EPCI) única, con fiscalidad propia, para el conjunto del territorio.

Diferentes fuerzas políticas y organismos económicos y sociales han manifestado ya su preferencia por tal estructura, toda vez que aquella que mayor consenso social y político concitó (la Colectividad Territorial Específica) fue rechazada de plano por París. El último en hacerlo hasta la fecha ha sido EAJ-PNB, que el viernes anunció su apoyo inequívoco a la mancomunicad única (MU) y que, al igual que otros agentes como EH Bai, Batera, CCI..., hará campaña en sus ámbitos de influencia y entre sus electos para que opten por ese modelo.

Sin embargo, también se han alzado voces, no abiertamente opuestas a la MU, pero sí contra el hecho de que solo puedan pronunciarse con un sí o un no sobre ella. Las más elocuentes han sido las de cuatro de los cinco alcaldes de la mancomunidad de aglomeración Costa Vasca-Aturri (Angelu, Biarritz, Bidarte y Bokale) pero también hay reticencias a la fusión entre algunos electos de la mancomunidad de Amikuze y de la de Hego Lapurdi.

Es comprensible que la complejidad para gestionar una estructura que junte a los 159 municipios vascos y en la que cuestiones como los órganos representativos, competencias, fiscalidad y financiación no están aún claramente definidas, provoque cierto vértigo entre los electos a quienes, en último termino, corresponderá decidir, allá por primavera.

Además, salvo para algunos veteranos y/o especialistas que conocen los recovecos de la gestión institucional, en este caso intermunicipal, y que han seguido la elaboración de la ley NOTRe que reforma la organización territorial, para la mayoría de los concejales es un tema desconocido que están ahora estudiando a grandes pasos, acuciados por el calendario impuesto (la nueva organización territorial entrará en vigor el 1 de enero de 2017).

Esas circunstancias explican la zozobra y las dudas que emergen cuando toca decidir sobre una cuestión que, para los próximos años, será estratégica para Ipar Euskal Herria. Precisamente por ello, conscientes de su relevancia, en particular a la hora de plasmar en un ente institucional el conjunto del territorio vasco de ese lado de los Pirineos, y aun a sabiendas de las carencias de una estructura intermunicipal, algunas fuerzas políticas –las abertzales–, económicas –CCI– y sociales –Euskal Konfederazioa, Ikas Bi, Batera, LAB...– se han posicionado a favor de la MU y están llevando a cabo debates y reuniones informativas.

Respecto a los partidos, aparte de EH Bai y EAJ-PNB no puede decirse que el resto tenga una posición clara al respecto, ya que entre electos de la misma tendencia las opiniones divergen. Por ejemplo, el alcalde d UMP de Donibane Lohizune y presidente de la mancomunidad Hego Lapurdi, Peyuco Duhart, apuesta por ella y, sin embargo, el alcalde de Angelu Claude Olive, del mismo partido, no está por la labor «por el momento». Preferiría –manifestó esta semana junto al de Biarritz, Bidarte y Bokale– pasar por la fase de los modelos federativos (tres o cuatro mancomunidades federadas en un polo metropolitano o de equilibrio territorial) como transición a la MU, «por ejemplo para tres años», decía el primer edil biarrota, Michel Veunac (centrista de MoDem).

No obstante, sus argumentos sobre lo enrevesado que puede resultar gestionar una MU no se sostienen, ya que la opción federativa también se las trae. Además, todavía es más escasa en cuanto a competencias, fiscalidad y, sobre todo, no aúna el territorio. La contradicción de esas posturas es aún más patente en el caso de estos electos reticentes a la MU toda vez que varios de ellos criticaron enérgicamente la enmienda presentada en 2013 por la senadora del PS Frédérique Espagnac para la creación de un polo que ahora propugnan. Cabe recordar que la opción había sido descartada un año antes en el análisis del Consejo de Electos, por inadecuado para Ipar Euskal Herria.

Desde luego, el vértigo que pueden sentir ciertos electos neófitos a la hora de decidir sobre una cuestión clave como esta no es comparable con la de estos avezados gestores municipales que llevan años en cargos institucionales y deberían saber que, con voluntades aunadas, los obstáculos lo son menos y hay momentos en los que toca arriesgar. O les falta osadía o les sobra apego a sus parcelas de poder local, que se verían menguadas si se constituyera una mancomunidad vasca única.