El alcalde de Alonsotegi, el jeltzale Joseba Urbieta, cesó ayer a la asesora jurídica municipal, Pilar Ochoa, que se convierte en la primera víctima del conflicto creado a raíz de que el Ayuntamiento trate de endosar una deuda de 1,12 millones de euros que no cobró a Basaldi SL a los vecinos de Errota Bidea. La letrada, que fue contratada de modo irregular por el anterior primer edil, es la autora de la propuesta de liquidación de las cargas de urbanización de la plaza Madinabeitia, aquellas que no desembolsó la inmobiliaria.

Ochoa es la responsable del informe jurídico que sustenta las propuestas de liquidación remitidas por el Consistorio a los propietarios de Errota. La movilización de los afectados, apoyada por EH Bildu, motivó que el Gobierno municipal convocase el 9 de octubre una reunión informativa en la que la asesora ayer cesada reconoció «irregularidades» y «negligencias» aunque justificó que, tal y como figura en las escrituras que rubricaron, son los propietarios quienes de manera subsidiaria deben asumir el coste de la urbanización que los responsables municipales fueron incapaces de cobrar a Basaldi.

Erezuma lo encargó y pospuso

El bufete de Ochoa fue contratado por el anterior alcalde, José Luis Erezuma, quien pospuso luego la liquidación. El regidor del PNV ordenó analizar la problemática generada a raíz de que Basaldi se declarase en concurso de acreedores en 2011 como antes no lo hizo su antecesor, Aitor Santisteban, aunque no tomó la decisión política de ejecutar la liquidación. Santisteban y Gabino Martínez de Arenaza están imputados por delitos de prevaricación y malversación por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo por la gestión de la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz.

El actual primer edil ordenó que se requiriese la deuda a los vecinos de Errota para, según dijo Ochoa en aquella reunión informativa del 9 de octubre, no incurrir en un delito de prevaricación, pues la ley dicta que se deben cobrar las cargas de urbanización «hasta cuatro años después de la liquidación definitiva de la obra».

Cabe recordar que la propia contratación del bufete Rojas y Ochoa Estudio Jurídico en octubre de 2011 fue irregular, tal y como se recogió en un informe de la secretaria municipal de abril de 2014 a petición de EH Bildu, ya que no se formalizó contrato alguno ni se sacó a concurso público, a pesar de que llegó a facturar en ese periodo a las arcas públicas algo más de 98.000 euros.