Los convenios que tiene firmados el Gobierno navarro con la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y los sindicatos UGT y CCOO desvelan lo que parece ser una estructura funcionarial paralela pagada con fondos públicos. Esos documentos descubren, además, a varias personas que tienen salarios que a través de la función pública solo están al alcance de la alta dirección o de funcionarios de nivel A (médicos o arquitectos), algunos equivalentes al de un consejero y otro que emula al de la propia presidenta del Gobierno, Uxue Barkos.

Uno de los convenios en los que se han hallado sueldos más altos es, paradójicamente, el que se alcanzó con UGT para canalizar los fondos para inserción de inmigrantes. En esos papeles figura un sindicalista cobrando por «informar, orientar y asesorar» un salario de más de 46.000 euros, equivalente al de un cirujano con años de experiencia en Osasunbidea (el salario base de un funcionario de nivel A, el más alto y al que solo pueden acceder personas con carreras de cinco años, es de 28.000 euros). Y, en ese mismo convenio de inmigración, aparece otro salario aún mayor, de más de 62.000 euros, similar a lo que cobra un consejero.

Es imposible, por ahora, determinar a quién pertenecen estos honorarios, ya que el Gobierno navarro los ha borrado en las copias que obran en poder de GARA. No obstante, a tenor de la documentación aportada otros años, podría tratarse de Nadia Zakharova (responsable del Departamento de Migración del sindicato) o de Ana Belén García (número tres de la Federación de Servicios).

El sueldo más elevado entre los analizados figura en un convenio firmado con CCOO. Allí resalta una persona que está cobrando más de 68.300 euros. En concreto, el Gobierno paga parte de ese sueldo para que visite empresas «con el fin de fomentar y analizar la estabilidad y calidad en el empleo y sensibilizar sobre el empleo no declarado». Al año, este sindicalista percibe mil euros menos que lo que cobra Barkos (69.354 euros).

A través de estos convenios también está financiandose a la dirección de la CEN. En cinco convenios aparece un sueldo de cerca de 63.000 euros que parecen ser atribuibles a José María Olivar del Julián, yerno de el expresidente Jaime Ignacio del Burgo. Formalmente, Olivar del Julián es responsable de Programas de la CEN, pero el 70% de su salario no viene de la patronal, sino del erario público.

Este ejecutivo, además, aparece como responsable de un acuerdo «para el desarrollo de equipos directivos» en el que se ha contratado para dar clases a otro hijo de Del Burgo, Ignacio. Según figura en ese convenio, Ignacio Del Burgo cobrará 1.500 euros por dos días de clase esta misma semana.

Otro de los sueldos que destacan de la CEN parece ser el de María Carmen Jurado, la secretaria de dirección de la patronal y que supera los 50.000 euros. El siguiente mejor pagado sería Miguel Montes, el responsable de comunicación de la CEN.

Por otro lado, en el convenio de Itinerarios y Empleabilidad firmado este verano entre su secretario general de CCOO, Raúl Villar, y la presidenta en funciones del Servicio Navarro de Empleo, Imelda Lorea, figura un sueldo de 59.000 euros y otros cuatro de 39.000. Estos sueldos son por «asesoramiento».

Borrado polémico de nombres

Este es el primer año que se ofrecen cifras con detalle de cuánto perciben los sindicalistas y los miembros de la CEN por los convenios. En anteriores ocasiones, los salarios no estaban individualizados y, como por el mismo trabajo figuran salarios diferentes, se camuflaban los costes.

El Gobierno navarro actual ha borrado los nombres de estas personas, después de que se descubriera que la labor de alguno de ellos dentro de los sindicatos no se ajustaba al convenio (incluso aparecía el secretario general de una Federación de UGT). ELA ha acudido al Defensor del Pueblo para demadar que se hagan públicos. Mañana martes, a petición de EH Bildu, tendrá que acudir la nueva gerente del Servicio Navarro de Empleo a dar explicaciones al Parlamento.