No hay precedentes de que el Tribunal Constitucional español suspenda de forma cautelar y por la vía urgente el pleno de un parlamento. Sin embargo, es lo que piden Ciudadanos y PP, que ayer se presentaron ante el Alto Tribunal junto al PSC para presentar la batería de recursos contra el trámite de la declaración independentista presentada por Junts Pel Sí y la CUP y la Junta de Portavoces celebrada el martes pese al intento del PP de bloquearla. Mientras que Inés Arrimadas (C´s) y Xavier García Albiol (PP) son partidarios de que los diputados no puedan debatir en el pleno del lunes, Miquel Iceta (PSC) plantea que se anulen los acuerdos cuando estos tengan lugar, argumentando que su posición se acerca más a la doctrina de los jueces. No habrá mucho tiempo para la especulación. El TC, que acostumbra a dejar correr años hasta que se sienta a deliberar, ha acelerado los plazos y tendrá hoy una decisión. Junts Pel Sí ya ha dejado claro que seguirá adelante por encima del veto, tal y como indica el texto que la coalición pactó con la CUP.

En tiempo preelectoral está por calibrar quién sale mejor parado de la fotografía que los tres grandes representantes del unionismo en Catalunya se hicieron ante la sede del TC. Son minoría en el Parlament, pero ayer, rodeados de periodistas y en terreno más afín, podían repetir su indignación ante el «desafío separatista». A falta de votos en Catalunya tocaba escenificación y confiar en que once togados, los que componen el pleno del TC y que están presididos por el exmilitante del PP Francisco Pérez de los Cobos, traten de imponer el veto.

Fondo político

Los argumentos jurídicos, complejos, son una maraña tras las que se esconde la voluntad política. Tanto Ciudadanos como PP apelan a la «perturbación en el orden constitucional de convivencia» y dejan claro que el simple debate supondría grave daño para el Estado español y su constitución. Ambas formaciones insistían en que la mera celebración del pleno y la votación implica un perjuicio. Es decir, que atenta contra la «unidad de España» y debe impedirse.

«El daño al interés público se produce por permitir el debate y la aprobación de la resolución», afirma el texto del PP, mientras que el de Ciudadanos pide la suspensión del pleno argumentando «la extraordinaria gravedad que para la supervivencia del propio orden constitucional tienen los acuerdos impugnados». Por eso, instan a los magistrados a que paralicen un pleno que todavía no está oficialmente convocado y en el que ellos mismos pueden tomar libremente la palabra, pero en el que perderán la votación.

Ya en términos políticos, en el momento de sacarse la foto, hubo coincidencias en el fondo aunque divergencias en la forma. Arrimadas, ejerciendo de líder del unionismo en Catalunya tras obtener 25 escaños en las plebiscitarias del 27 de setiembre, llegó a afirmar que el proceso independentista es «la mayor amenaza contra la democracia española en los últimos 30 años». Casi nada. Además, celebró la unidad del unionismo. Lo cierto es que cada uno de los líderes llegó por su cuenta y presentó su texto pero, sin embargo, luego todos accedieron a posar dejando claro que forman parte del mismo bloque.

Sin apearse del dramatismo, Albiol optaba por hablar de «tiranía» frente a soberanía y dejaba claro que habrá más recursos. En realidad, los mensajes sonaban reiterativos. «No aceptaremos ni permitiremos que nadie lleve a cabo una aventura que lo que significa es pobreza y miseria para los catalanes y división», afirmaba el líder del PP.

Iceta tiraba de pedigrí para justificar su alineamiento con Ciudadanos y PP. «Soy catalanista y no estoy dispuesto a soportar que se use el nombre de Catalunya para saltarse las leyes».

Plazos inéditos

Ahora son los jueces los que tienen que pronunciarse. En principio ya han avisado que será el pleno y no alguna de las salas el que abordará tanto la admisión a trámite como la adopción de medidas cautelares. Luego, ya con tiempo, entrarían al fondo. Hay que recordar que, por ejemplo, la sentencia que recortaba artículos del Estatut tardó cuatro años en hacerse pública. Recursos como el de Arnaldo Otegi y sus compañeros en el «caso Bateragune» tardaron cerca de un año en ser admitidos a trámite. En este bastarán 24 horas para que se tome la decisión de la admisión. Y no parece que los jueces vayan a ignorar las reclamaciones unionistas.

Si se observan los antecedentes se descubre que el más cercano no tuvo un desenlace satisfactorio para las demandas de Ciudadanos, PP y PSC. Fue en 2004 y el TC no aceptó un recurso presentado por el Gobierno español, entonces en manos de José María Aznar, que quiso suspender la votación sobre el nuevo estatuto presentado por Juan José Ibarretxe. En ese caso (luego sí que llegaría el veto), los jueces permitieron la deliberación parlamentaria.

Por encima del TC

Al independentismo las amenazas no le preocupan. Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de Junts Pel Si, ya advirtió que el mandato democrático de los catalanes era celebrar la votación. «Quieren ganar en los tribunales lo que han sido incapaces de ganar en las urnas», afirmó.

Diga lo que diga hoy el TC la estrategia judicial del unionismo no va a terminar. Lo dejó claro el presidente español, Mariano Rajoy, que se rodeó de patronal, UGT y CCOO para recabar apoyos a la «unidad de España» y vaticinar nuevos recursos si la declaración se avala.

 

El Camp Nou desafía a la UEFA con más de 30.000 esteladas

El partido de fútbol que ayer jugaron el F.C. Barcelona y el Bate Borisov bielorruso volvió a convertir el Camp Nou en una plaza pública a favor de la estelada, la bandera independentista perseguida por la UEFA a instancias del Estado español. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural repartieron a la entrada del estadio 30.000 banderas independentistas, las cuales se sumaron a las miles que, de forma espontánea, los aficionados culés llevan en cada vez mayor cuantía a cada partido. Como viene siendo costumbre desde hace unos tres años, el mosaico, espectacular ayer, llegó a su punto culminante en el minuto 17.14 del partido, en referencia al año en el que las tropas borbónicas invadieron Barcelona. Los gritos de «in-inde-independència» volvieron a ser más que notables.

La afición «blaugrana» y las entidades soberanistas respondieron así a la nueva sanción de la UEFA, que el pasado 19 de octubre multó al Barça con 40.000 euros porque durante el partido de Champions contra el Bayern Leverkusen la afición exhibió esteladas y entonó lemas independentistas. No fue la primera ocasión, ya que después de la final de la Champions del curso pasado, la UEFA ya sancionó al club catalán con 30.000 euros por el mismo motivo. La exhibición de ayer, sin embargo, no tendrán sanción, ya que el Barça y la UEFA pactaron una tregua en las multas hasta que se resuelva el expediente del partido contra el Leverkusen.

Para imponer las sanciones, la UEFA se basa en su Código Disciplinario, en el que se lee que «las asociaciones y los clubes serán los responsables de cualquier comportamiento inapropiado por parte de sus aficionados». En ese saco entran «el uso de gestos, palabras o cualquier otro método para transmitir cualquier mensaje que no sea propio del deporte, especialmente todos aquellos de carácter político, ideológico, religioso o de naturaleza provocativa».

Reivindicando la estelada como un símbolo plenamente democrático, la afición culé decidió responder a los expedientes de la UEFA tanto en los tribunales (ordinarios, si es necesario) como en el propio campo, donde ayer decenas de miles de catalanes volvieron a desafiar a la federación europea y el veto impulsado por Madrid.Beñat ZALDUA

 

La CUP reitera que votará «no» a la investidura de Artur Mas

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, inició ayer la ronda de contactos de rigor antes de convocar el pleno de investidura, que se celebrará el próximo lunes, inmediatamente después de la votación sobre la Declaración de inicio del proceso de creación de la República Catalana. Entre los primeros en pasar ante Forcadell estuvieron los diputados de la CUP Antonio Baños y Anna Gabriel, que reiteraron por enésima vez que votarán en contra de la reelección de Artur Mas como president.

«Entre ‘Mas sí’ y ‘Mas no’ hay posibilidades mejores», repitió Baños, asegurando que existen muchas opciones intermedias y otros nombres que podrían generar consenso entre ambas plataformas políticas. «Es necesaria una figura sólida», añadió, sin detallar si proponen algún nombre en concreto.
Antes de Baños y Gabriel pasó por el despacho de Forcadell el líder de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, quien también trasladó a la presidenta que sus diputados no investirán a Mas «ni por activa ni por pasiva».

Hoy lo harán los representantes de los partidos unionistas, mientras que mañana será el turno de Junts pel Sí. En cualquier caso, tras la negativa de la CUP y CSQP, es evidente que Mas no obtendrá en el pleno del lunes la mayoría suficiente para ser reelegido president, por lo que se abrirá5 el plazo de dos meses para tratar de buscar un acuerdo.

Si el 9 de enero no hay president, se convocarán de forma automática unas nuevas elecciones que nadie dentro del independentismo desea pero a las que algunos ya han puesto fecha: 6 de marzo.