Según el calendario previsto inicialmente por los por once estados que están negociando este asunto desde 2011, la tasa sobre las transacciones financieras debía ponerse en marcha el próximo 1 de enero. Que no sucederá así se sabía desde hace tiempo, por lo que la declaración de intenciones que salió del encuentro de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) que tuvo lugar ayer en Bruselas fue presentado como «un paso importante». El objetivo, como indicó el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, es alcanzar un acuerdo final antes del próximo verano

Ya que la entrada en vigor de este impuesto no podrá ser respaldado por los Veintiocho, se pretende utilizar el mecanismo de «cooperación reforzada», para lo que es necesario que participen en el mismo al menos un tercio de los estados miembros, es decir, nueve como mínimo. Aunque Estonia ha tirado la toalla recientemente, todavía se mantienen diez: Alemania, Estafo francés, Italia, Estado español, Austria, Eslovaquia, Grecia, Eslovenia, Bélgica y Portugal.

El ministro austriaco de Finanzas, Hans Jörg Schelling, que ha coordinado las conversaciones, explicó que «lo que hemos fijado no es más, grosso modo, que los elementos que esperamos que tendría (el impuesto), pero no hemos ido más allá». El documento de una página acordado entre los diez ministros recoge las características generales que tendría que tener este gravamen tanto en relación a las transacciones de acciones como de derivados.

En el caso de las primeras, el impuesto gravará todas las transacciones intra-día y todas las operaciones de la cadena excepto los casos en los que agentes y los miembros de compensación actúan como facilitadores.

En relación al ámbito de aplicación, en el texto se precisa que queda por determinar todavía «si es mejor comenzar con la tasa sobre las acciones emitidas en el Estado miembro que participa en el gravamen».