Los representantes de las instituciones acreedoras de Grecia, la llamada cuádriga –Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Mecanismo Europeo de Estabilidad–, llegaron el martes a Atenas para negociar el próximo paquete de medidas que el país debe adoptar para recibir un tramo de 1.000 millones de euros del tercer rescate.

El objetivo del Ejecutivo heleno es que las medidas sean votadas en el Parlamento antes del 18 de diciembre para que el Eurogrupo pueda dar su visto bueno al desembolso de tal cantidad antes de Navidad.

En las negociaciones, que continuarán al menos hasta mañana según la prensa local, ambas partes intentarán alcanzar un acuerdo en cuatro espinosos temas. Respecto a la gestión de los préstamos morosos, el Gobierno de Tsipras quiere limitar la venta a fondos privados –los denominados «fondos buitre»– a los préstamos superiores a un millón de euros, para poner así a salvo a las pequeñas empresas y a las primeras viviendas no protegidas. Los acreedores rechazan esta postura, ya que solo aceptan excluir a las primeras residencias que sí están protegidas frente al desahucio.

Grecia y sus prestamistas están de acuerdo en que la empresa de distribución de electricidad (ADMIE) debe dejar de ser propiedad de la compañía pública de electricidad (DEI), pero mientras los acreedores exigen su privatización completa, Atenas defiende una privatización parcial e insiste en que el Estado debe mantener su control.

Fondo de privatizaciones

En la creación del fondo para las privatizaciones, que sustituirá al ya existente (TAIPED), el objetivo gubernamental es la puesta en valor, a través de este fondo, de bienes del Estado a través de la cesión de su uso con contratos a largo plazo o proyectos de inversión público-privada. Atenas insiste en que el acuerdo de julio prevé que el control de este fondo estará en manos del Estado, mientras los acreedores presionan para que puestos claves en la dirección del organismo estén en manos extranjeras.

Respecto a la nueva tabla salarial unificada de los funcionarios, que debe ser aplicada a partir del próximo 1 de enero de 2016, los prestamistas exigen la reducción del salario base y asociar los aumentos salariales a la productividad.