Tras la presentación del proyecto de Norma foral efectuada en comisión el pasado mes de octubre por el diputado de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, la reforma del Impuesto de la Riqueza y las Grandes Fortunas que impulsa el PNV con el apoyo de PSE y PP llegó ayer a pleno, pero no para su aprobación definitiva, que previsiblemente tendrá lugar el próximo día 23, sino para debatir la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu.

El objetivo del Gobierno foral es modificar de arriba abajo este impuesto, tal y como venía reclamando la patronal Adegi. Esta reforma, que la Diputación pretende tener lista antes de que acabe el año, contempla la exención total de las participaciones industriales, ya que el impuesto todavía en vigor contabiliza como patrimonio personal el 25% del valor de dichas participaciones en la empresa (el 75% está bonificado).

Xabier Olano, juntero de EH Bildu y anterior director de Hacienda, defendió la necesidad de mantener el impuesto porque otorga «un carácter más progresivo» a todo el sistema, permite la obtención de información tributaria y mejora la eficiencia del sistema, porque «impulsa la utilización productiva de la riqueza, y no la especulativa».

Según los datos que aportó ayer, este tributo ha permitido casi duplicar la recaudación desde 2012, al pasar de 38 a 59 millones de euros, mientras que el número de contribuyentes obligados a declarar ha pasado de 6.603 a 8.059, cifras con las que negó la existencia de un «éxodo fiscal». De este número de contribuyentes, solo 1.979 (el 24,6%) tienen declaradas participaciones empresariales.

Olano rechazó que este tributo suponga una carga añadida para los empresarios y puso como ejemplo un caso real, el de un empresario cuyas participaciones empresariales ascienden a 4 millones pero que, como el 75% está bonificado, solo tributa por el millón restante, por lo que debe abonar 4.900 euros anuales. Tras recordar que esta cifra es similar a la que debe pagar cualquier contribuyente por el IVA de la luz, se preguntó si esta cantidad es tan elevada como para motivar la protesta de los empresarios.

Por todo ello, pidió a la Diputación que reconsidere su decisión, ya que supondrá «un paso atrás en el camino hacia una Gipuzkoa más justa», y acusó al PNV de «defender siempre a los que más tienen».

«Un obstáculo»

María Eugenia Arrizabalaga, en representación del PNV, negó esta acusación e insistió en que el impuesto perjudica la actividad económica y «obstaculiza» la inversión empresarial y la creación de puestos de trabajo.

Reconoció que con la reforma que plantea su grupo se reducirá la recaudación, aunque matizó que con la subida de tasas para el tramo más alto, el resultado recaudatorio será «neutro».

La portavoz jelkide insistió en descalificar el impuesto y su denominación, que calificó de «pomposa y revolucionaria», y llegó a decir que «parece que alguien se leyó el libro de Thomas Piketty –economista francés especialista en distribución de la renta– y ha querido aplicarlo directamente en Gipuzkoa», si bien Xabier Olano tuvo que corregirle señalando que el libro al que hacía referencia fue publicado un año después de la entrada en vigor del impuesto.

En representación del PSE, Julio Astudillo explicó que apoyó en su día a EH Bildu para lograr un sistema fiscal más equitativo, pero que ahora quiere dar más importancia a la armonización. «Un impuesto que puede ser positivo, deja de serlo si se queda solo y aislado», dijo.

El representante de EH Bildu mostró su sorpresa ante el «viraje» del PSE, al que acusó de «votar una cosa en 2013 y hoy la contraria», antes de recordarle que el propio programa del PSOE para el 20-D propone «desplazar la carga fiscal hacia la riqueza y no el trabajo».

El representante de Podemos votó a favor de la enmienda a la totalidad, al considerar que el impuesto «está bien como está», y preguntó al PSE «si apoya a la mayoría de guipuzcoanos o a unos pocos».

Rechazo a la ampliación de la lista pública de deudores

El pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa dio también la espalda, con los votos de PNV, PSE y PP, a la propuesta conjunta de EH Bildu y Podemos de ampliar la lista pública de deudores con la Hacienda foral.

Ante la propuesta del PNV de incluir en dicha lista solo a los contribuyentes que deben más de un millón de euros, EH Bildu propuso en un principio rebajar dicho límite a 100.000 euros, aunque finalmente, ayer planteó junto a Podemos bajar la cifra hasta los 50.000 euros.

A juicio de EH Bildu, la propuesta del Gobierno tendrá un impacto «muy reducido» contra el fraude, ya que no conseguirá «un efecto disuasorio real». J.S.