GARA
BASAURI

LAB pide una política industrial propia y acabar con la precariedad en el acero

LAB alertó ayer del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del sector del acero, donde las multinacionales utilizan «el chantaje y la amenaza» para lograr beneficios. El sindicato pide a los gobiernos de Lakua y Nafarroa que creen una mesa de seguimiento.

LAB presentó ayer ante la planta de Gerdau en Basauri “Euskal Herriak industria politika propioa behar du. El acero no está en venta”. Mediante esta campaña, el sindicato pretende dar a conocer la situación de precariedad que vive el sector del acero y denunciar «duramente» el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, así como anunciar las alternativas que propone al respecto.

Asier Imaz, portavoz de la Federación de Industria de LAB, señaló que en 2014 la producción en el sector fue de 4,2 toneladas en la CAV. Sin embargo, a pesar de que la producción «sigue aumentando», denunció que las condiciones laborales de los trabajadores del acero «siguen disminuyendo».

El sindicato abertzale aprecia «dos aspectos determinantes» como causantes de esta situación. Imaz denunció que la mayoría de las empresas están «en manos» de las grandes multinacionales, que «solo buscan aumentar sus beneficios por encima de los trabajadores, de las personas y del medioambiente». Además, gracias a la reforma laboral, los empresarios pueden utilizar «el chantaje y la amenaza» para precarizar los derechos de los trabajadores, añadió el responsable de LAB.

En este sentido, recordó los ejemplos de Gerdau, que «amenaza con la venta» y donde se han llevado a cabo 23 despidos, denunció LAB. También mencionó los casos de Corrugados Azpeitia y Corrugados Lasao, «cerrados por decisión del grupo Gallardo», o los de Condesa y Laminaciones Arregui.

Además, denunció que es «inaceptable» que en los últimos años hayan fallecido once trabajadores en el sector del acero en Hego Euskal Herria.

Mesa de seguimiento

Por todo ello, LAB pide a los gobiernos de Lakua y Nafarroa que creen una mesa de seguimiento para defender los intereses económicos y garantizar la participación de los trabajadores.

También exigen «convenios dignos, sin chantajes ni amenazas», y que sean «acordados y decididos aquí», así como soberanía en el ámbito de la energía. Asimismo, piden apoyo e impulso públicos, y una política industrial propia.