El Parlamento griego aprobó un nuevo paquete de medidas acordadas con los acreedores a cambio del desembolso de 1.000 millones del rescate, que incluye la posibilidad de vender créditos morosos a los denominados fondos «buitre». La ley salió adelante únicamente con el apoyo de los 153 diputados de la coalición gubernamental, mientras hubo 138 votos en contra y nueve diputados ausentes. La ley contempla también la privatización parcial de la compañía de distribución de electricidad (ADMIE), la nueva tabla salarial de los funcionarios y la creación de un fondo de privatizaciones, que será supervisado conjuntamente por Grecia y sus acreedores